El documento contó con el apoyo de David Campos, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), gremio que precisamente hoy brindará una conferencia de prensa sentando postura oficial. El gremialista indicó que desaprueban el proyecto de legalización de la privatización del servicio de energía eléctrica. “Estuvimos haciendo averiguaciones y sabemos que hay un contrato que va a vencer justamente ahora, por eso se apuran en sacar este proyecto”, advirtió, alegando que el Estado no puede entregar el monopolio después de grandes inversiones realizadas.
También la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, cuestionó la propuesta. Explicó que el proyecto busca legalizar una privatización de hecho, que es inconstitucional e ilegal, a través de cooperativas menonitas cuestionadas especialmente por personas de escasos recursos, “por los abusos en el cobro de la energía eléctrica”. Acusó que las distribuidoras “de facto” realizan cortes arbitrarios por cuestiones religiosas y hasta discriminatorias con las comunidades nativas.
“Es gravísimo que la Cámara de Diputados trate este proyecto (...), cuando que la que está invirtiendo y la que hizo las mayores inversiones en esa zona para que tengan el servicio de electricidad fue la ANDE y el Estado paraguayo”, fustigó Canese.
Aclaró que la propuesta es inconstitucional porque atenta contra el artículo 107 de la Carta Magna, que establece que “no será permitida la creación de monopolios”.
Nota. Por otro lado, en la nota las campañas expresaron que el proyecto de ley no fue analizado por la ciudadanía, por lo que solicitan que se postergue su tratamiento hasta que se realice una audiencia pública. Señalaron que el servicio público de electricidad en el Chaco Central nunca se basó en una autorización para la concesión, de parte del único poder del Estado que puede hacerlo, el Congreso Nacional. Además, detallaron que la concesión se autoriza a través del Congreso, y luego, el Poder Ejecutivo, por medio de pública licitación, otorga la concesión, y no de una forma directa como establece el proyecto de ley.
Hay concesión sin fundamento legal
El ingeniero Ricardo Canese, integrante del Parlasur, también cuestionó el proyecto impulsado por la Cámara Baja. “Realmente es un hecho extremadamente grave, porque las colonias menonitas que están usufructuando actualmente la concesión lo están haciendo de hecho, de facto, no tienen un fundamento legal”, afirmó. Reiteró que el Congreso lo que puede es autorizar una concesión, para que el Poder Ejecutivo llame a licitación. “Esta es una adjudicación directa (...), totalmente prohibida por la ley, más aún para un servicio que es monopólico, la creación de un monopolio prohibido por el artículo 107 de la Constitución”, apuntó.