La recusación planteada el jueves por Camilo Soares en contra del tribunal de Sentencia que lo juzga fue rechazada este viernes por la Cámara de Apelaciones. Los camaristas ordenaron que se reanude inmediatamente el juicio oral y público al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
La resolución del tribunal de Apelaciones, integrado por Delio Vera, José Agustín Fernández y Gustavo Auadre, además, dispone remitir todos los antecedentes del caso al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para “sus efectos legales"·
Esto último pretende que la máxima instancia judicial monitoree el actuar de las partes en el juicio, debido a los diversos incidentes dilatorios que ya se presentaron en el caso.
Solamente esta semana, el juicio oral se suspendió dos veces por recusaciones planteadas por las defensas de Soares o el coprocesado, Alfredo Guachiré. Este último era el director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN. Ambos están procesados por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLea más: Camilo Soares recusa a tribunal y frena nuevamente juicio oral
La resolución del tribunal de Apelaciones también ordena la presencia en el juicio de funcionarios de la oficina de Reacción Inmediata de Auditoría de Gestión Judicial, a fin de que también haya un control sobre la actuación de las partes.
La recusación que planteó Soares, en conjunto con Guachiré, sostenía que los jueces de Sentencia Héctor Capurro, María Fernanda García de Zúñiga y Juan Carlos Zárate tienen “odio, resentimiento, parcialidad y falta de independencia”.
Por su parte, Guachiré afirmó que un abogado le pidió USD 50.000 para Capurro y otros USD 50.000 para Zárate para que declaren la prescripción de la acción penal. Sin embargo, no presentó pruebas al respecto.
Nota relacionada: Coquitos de Oro: Corte sumaria a juez que presuntamente durmió durante juicio
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Soares y Guachiré son responsables de un perjuicio al Estado de G. 1.224.976.100 mediante la sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos. La causa data del 2010.
