La propuesta estipula la inscripción automática de personas en situación de vulnerabilidad social, al cumplir los 65 años de edad. El texto reemplaza el término pobreza, que establece la legislatura actual, por vulnerabilidad.
El proyecto establece que los beneficiados recibirán un monto no menor a la cuarta parte del salario mínimo. Actualmente, el salario mínimo es de G. 2.112.562, y el importe para los adultos mayores alcanzaría alrededor de G. 528.000. Varios legisladores se manifestaron a favor de la iniciativa, expresando que es una cuestión de equidad social para hacer justicia social.
La diputada Cristina Villalba (ANR) indicó que la propuesta tiene el objetivo de “evitar las injusticias a raíz de la burocracia existente y que muchos compatriotas, que reúnen las condiciones mínimas exigidas, queden excluidos injustamente”, argumentó.
De la normativa se les excluye a aquellos adultos mayores que accedan a una remuneración ya sea del sector público o privado, que tengan obligaciones del impuesto a la renta personal (IRP) y que en su declaración jurada del impuesto al valor agregado (IVA) informen de ingresos superiores a dos salarios mínimos y aquellos que posean 30 cabezas de ganado.
El documento sancionado y que pasa al Ejecutivo para su promulgación establece asimismo, que la ley entrará en vigencia a partir de los seis meses de su promulgación y serán incluidos en principio un 50% de los beneficiarios.
El fundamento por el cual el Poder Ejecutivo devolvió el documento al Legislativo, y que ahora vuelve al Senado, es porque no hay fondos para financiar dicho subsidio que demandaría unos USD 450 millones. El ministro Benigno López había dicho en junio que el monto sería unos USD 200 millones mas de lo que se está ya pagando. Esto no fue tomado en cuenta ni siquiera por los oficialistas para defender la postura oficial.
La Cifra
200.000.000
de USD anuales más es lo que el tesoro desembolsará a cada adulto mayor que se encuentre en situación de vulnerabilidad.