El documento fue derivado al Senado.
La postura fue casi todas las bancadas, incluso de parte del oficialismo.
El diputado liberal Édgar Acosta indicó que es necesario fortalecer la institución de control y que está haciendo un buen trabajo.
La ampliación es de G. 11.101.672.841 para la Contraloría, que defiende su pedido señalando que hay una insuficiente cantidad de recursos económicos y técnicos para impulsar las actividades de fiscalización que se hallan programadas, así como aquellas que le son requeridas por el Poder Ejecutivo, ambas Cámaras del Congreso Nacional, el Ministerio Público y los diferentes organismos de la sociedad civil.
Se menciona que la institución tiene cada vez más trabajo, como es el control del uso de royalties, compensaciones en razón del territorio inundado, Fonacide, financiamiento de partidos políticos, entre otros.
“La ampliación tiene el objeto de cubrir necesidades perentorias existentes en los diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución, como ser remuneraciones extraordinarias y adicionales, que resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio fiscal vigente, debido a la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control requeridas para cumplir las exigencias de rango constitucional”, dice una parte del texto.
No obstante, el Poder Ejecutivo decidió objetar la ley, apuntando que “el 95% del total de recursos solicitados por la Contraloría, va a ser destinado a cubrir gastos de servicios personales, principalmente, para el pago de remuneración extraordinaria y bonificaciones”, y que “en los últimos años la Contraloría ha recibido recursos públicos destinados a aumentos salariales, así como para el pago de otros conceptos”.