El subsecretario de Estado, tras una reunión mantenida con autoridades de ANDE, Petropar, INC y Dinac, indicó que la idea es tener una mayor eficiencia y generar ahorros que puedan ser utilizados para mejorar la calidad de los servicios.
Si bien Hacienda aseguró que la revisión será general, por lo que se pidió a las empresas ir trabajando en propuestas concretas de mejora del gasto, reducir los polémicos beneficios salariales es el principal propósito de esta parte del proceso de reforma.
En ese sentido, el titular del Fisco, Benigno López, se había comprometido a fines del 2019 a empezar este año una revisión de los contratos colectivos que establecen estos privilegios para un selecto grupo de trabajadores.
“El ministro (López) fue claro en que hay que embarcarse en un proceso de mejora del gasto en las empresas públicas. Entonces, se les pidió (a las autoridades) que hagan un análisis y presenten propuestas concretas para avanzar en esto”, expresó Llamosas, luego de la reunión realizada el viernes pasado.
PRIVILEGIOS. Según los datos oficiales, las empresas públicas son bastante generosas con sus funcionarios a la hora de otorgar beneficios salariales o sobresueldos con el dinero de los contribuyentes (ver la infografía).
En la ANDE, los funcionarios cuentan con doble aguinaldo, ayuda alimenticia, subsidio vacacional y tienen descuentos del 50% en el pago de la luz. Además, también reciben premios por lectura de medidores, un pago adicional por estar disponibles las 24 horas y los funcionarios que residen en Ciudad del Este reciben un plus por “mayor costo de vida”.
En Petropar, aparte del sueldo, el plantel cobra bonificaciones por peligrosidad, grado académico y antigüedad. También tienen un fondo para ayuda escolar y vacacional, y ni siquiera se les descuenta el pago al IPS, ya que el 100% del aporte lo hace la entidad.
La INC, por su parte, tiene entre sus beneficios bonificaciones por grado académico y por disponibilidad, gratificación familiar, ayuda vacacional y hasta pagos extras por gestión.
Ante las fuertes críticas de la gente, mediante el reglamento del Presupuesto 2020, el Gobierno limitó hasta un salario mínimo el pago por cada concepto incluido en el subsidio familiar, estableciendo que el pago por cada rubro se podrá realizar solo una vez al año y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
Estas restricciones no cayeron bien en las empresas públicas, que se reunieron este viernes con autoridades de Hacienda en busca de flexibilizar estas limitaciones.
Buscan invertir los recursos de libre disponibilidad
El Ministerio de Hacienda tiene previsto invertir en instrumentos financieros los recursos de libre disponibilidad de las empresas públicas que serán transferidos desde este año a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
El viceministro Llamosas explicó que la Ley de Presupuesto establece que estos fondos deben ser transferidos, mínimamente, en un 50%, con el objetivo de paliar la falta de liquidez, pero garantizando a las compañías sus recursos cuando ellas lo requieran.
Indicó que como ese dinero actualmente está sin uso, la idea es invertir en CDA de modo a generar renta y tener mayor disponibilidad para ejecutar los proyectos.
