Un gobernador que aún no asumió el cargo alertó a la Dirección de Contrataciones Públicas sobre una dudosa licitación. Se trata de la Gobernación de Central, la que pretendía adquirir calesitas por la vía de la excepción por más de G. 3.000 millones. El contrato se firmó el 22 de junio y fue adjudicado a la Distribuidora Jasy SA por un monto de G. 3.156.000.000, del cual se debía anticipar el 20%. El fin de la obra estaba estipulada para fines de este año, ya durante la gestión del nuevo gobernador, Ricardo Estigarribia. El actual gobernador Gustavo Machuca hizo el llamado el 8 de junio, y el nombre de la licitación refiere la “Readecuación de espacios públicos, instalación y provisión de parques infantiles”.
Frente a esta situación cabe preguntar, ¿cuál es la urgencia impostergable para comprar calesitas? Es válido el cuestionamiento, considerando la situación que vive la población de esta zona, que debe afrontar las consecuencias de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, las cuales se sumaron a las históricas carencias arrastradas por décadas.
Cuáles son para el gobernador actual esas urgencias impostergables que le obligan a comprar vía excepción calesitas cuando es más que evidente que en el Departamento hay otras necesidades más prioritarias: como los abandonados consejos locales de salud y las precarias escuelas departamentales y los niños y jóvenes abandonados a su suerte.
El actual gobernador Machuca, en realidad, fue electo gobernador tras la inevitable salida de Hugo Javier González después de ser imputado por casos de corrupción. El ex gobernador de Central, Hugo Javier González, enfrentará juicio oral y público por presunta lesión de confianza y asociación criminal. En diciembre de 2020 este había autorizado desembolsos por más de G. 5.000 millones sin siquiera tener proyectos, y luego presentaron ante la Contraloría General una rendición de cuentas con facturas adulteradas para justificar los desembolsos.
En Central al parecer hay mucha prisa por adquirir equipos informáticos por G. 1.000 millones, así como también para remodelar la Junta Departamental por casi G. 1.500 millones y adquirir un software por G. 2.500 millones. Estos gastos podrían, eventualmente, ser considerados necesarios para que los funcionarios y las autoridades desarrollen sus tareas, pero no se puede dejar de señalar el carácter dudoso de la insistencia de este tipo de gastos, cuando en menos de un mes dichas autoridades dejarán el poder.
La ley 214 que establece la carta orgánica del gobierno departamental, señala que el Gobierno Departamental debe elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social y cultural del Departamento, y que los lineamientos fundamentales deben coordinarse con el Gobierno Nacional y, en particular, con el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, debe coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades y cooperar con ellas. Además de que, de acuerdo con la ley, las gobernaciones deben propender a que el proceso educativo y la formación escolar y ciudadana se adecuen a las exigencias y necesidades, así como a fomentar y proteger la educación democrática, la cultura, el patrimonio histórico, ambiental y arquitectónico de las comunidades.
Claramente resulta difícil entender cómo ubicamos las calesitas para cumplir estos objetivos.
Se debe mejorar la gestión de las gobernaciones, actualmente hacen muy poco, y a la vista de las denuncias por el mal uso del dinero público es más que evidente que los políticos la consideran apenas un patio de recreo. Sin duda, la situación debe cambiar, pues la gente tiene derecho contar con autoridades que trabajen por el bienestar común.
