El jefe máximo de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, y el senador colorado Martín Arévalo no cesan en acusaciones mutuas, luego de que el primero presentó denuncia por tráfico influencias en contra del legislador para ascender a dos funcionarios, y también sobre lo que pasó con un carga de electrónicos que fue declarada como contrabando.
Fernández ayer remitió un extenso escrito al Senado, donde respondió detalladamente a una denuncia en su contra presentada por el abogado Rafael Ortiz Villalba, en representación de las firmas Importadora Gecu SA y Belic Import y que fue asumida y elevada por el senador colorado Arévalo. Afirma categóricamente que los datos son falaces.
De entrada habla de las contradicciones del doctor Horacio Galeano Perrone, en las que insiste en que fueron ellos los que formularon una denuncia ante el legislador colorado. “Sin embargo, la que se difunde en los medios es la consignada únicamente el representante legal de las firmas Gecu SA y Belic Import SA. Y llamativamente la denuncia no cuenta con firma”, refiere.
Agrega que le resultaba inquietante la diferencia entre lo declarado y lo encontrado, pero ya accedió a la denuncia suscripta también por Galeano Perrone en representación de Ahmad Khalil Chams.
HECHOS. Sobre los hechos, precisa que se trata del acta de intervención Nº 404/2019, de la Unidad Anticontrabando (UIC) y del organismo COIA, del 22 de noviembre de 2019.
Dice que se retuvo un camión de la marca Scania, tipo 360. Matrícula Nº BCS 492, en el kilómetro 12 de la ruta PY06, de la jurisdicción de Encarnación, que transportaba un contenedor de 40 pies, sin haber cumplido con los requisitos legales aduaneros. Refiere que el camión y su carga fueron remitidos a los depósitos de la firma Gical, en Mariano Roque Alonso, donde constataron que en el contenedor había mercaderías varias sin documentación legal.
Puntualiza que el 22 de noviembre también se ingresó otro contenedor sin documentación con la misma numeración que el incautado antes en zona secundaria de Encarnación.
Fernández dice que luego de los procedimientos correspondientes se determinó en un sumario que la carga era de contrabando y que, durante el proceso, se dio curso legal a todos los procedimientos establecidos en el Código Aduanero, al punto que nadie apareció a hacer el reclamo.
Menciona que con esto no se explica cómo Khalil Chams puede aparecer ahora como supuesto dueño que reclama las mercaderías incautadas.
El director de Aduanas insiste en que nada se realizó fuera de los procedimientos y procesos legales.
