Los 10 policías de la era stronista que fueron imputados por tortura, eran considerados como los torturadores de primera élite. Todos tenían sus roles y desde la sede de Investigación de Delitos sometían a los más severos castigos físicos y sicológicos, tanto a los miembros de partidos opositores, como a los que osaban actuar contrariamente a las imposiciones de la dictadura.
Así el periodista Antonio Pecci, víctima del régimen, recordó la función de los ex agentes, que llevaban a cabo los interrogatorios y los posteriores castigos. Nicolás Lucilo Benítez Santacruz (79) tenía en su poder el conocido como teju ruguái, una guacha de cuero en cuya punta tenía bolas de acero y con ese elemento, propinaba duros latigazos en la espalda a las víctimas.
ACTOS. El procesado Juan Aniceto Martínez (65) participó activamente en la persecución a opositores y la represión. Realizaba el seguimiento de los referentes y los capturaba. “No permitían el acceso a medicamentos en caso de que alguien se enfermara o descompensara”, según rememoró el comunicador.
En lo que respecta a Eusebio Torres Romero (81), además de ser policía, es abogado. Era el encargado de los interrogatorios, que duraban días y que se caracterizaban por ser tormentosos. Implementó la parte más dura de las torturas, que incluían tratos crueles y denigrantes de los que muchos salieron con secuelas graves, explica Pecci.
El agente retirado Agustín Belotto Vouga (84) también materializaba el martirio de las víctimas. Llevaba a presos hasta la conocida pileta con agua y excrementos, donde los sumergía para sacar información acerca de otras personas.
Esta técnica se aplicó de manera frecuente, según los propios antecedentes. Por su parte, Obdulio Argüello Brítez (77) era el jefe del Departamento de Asuntos Obreros, tenía la tarea de investigar las reuniones sindicales, tenía información de las personas y reportaba el nivel de supuesta peligrosidad que tenían los miembros de los gremios.
A OPOSITORES. El imputado Felipe Nery Saldívar (87) estaba en el grupo de los feroces represores de opositores. Salían a cazar a los disidentes. Tenían su sede en lo que hoy se conoce como el Museo de las Memorias, cerca del Ministerio del Interior.
Fortunato Lorenzo Laspina (72) era miembro del Departamento de Investigación de Delitos. Su rol era de secuestro y tortura de las personas. Camilo Almada Morel (75) tenía el papel de los maltratos físicos y sicológicos al igual que Manuel Crescencio Alcaraz (74), Mario Flores Cáceres (64), refieren los antecedentes. Los ex agentes fueron denunciados el 4 de octubre de 2011 por los hechos de tortura en contra de Domingo Guzmán Rolón Centurión, a quien sometieron a todo tipo de sufrimientos físicos y mentales.
La fiscala Liliana Zayas imputó a los mismos y solicitó la prisión preventiva a los investigados. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el artículo 238 del CPP expresa limitaciones para aplicar la prisión preventiva a las personas mayores de setenta años, solicitó prisión domiciliara de algunos procesados.
