A nivel local las cosas no han sido diferentes. La economía paraguaya venía recuperándose paulatinamente de la recesión registrada en el primer semestre de 2019. Se esperaba que este año la economía recupere su ritmo de crecimiento potencial de poco más del 4 por ciento. Los números del primer bimestre respaldaban este optimismo: el aumento interanual de la producción se ubicaba en 5,7 por ciento. Pero la implementación de las (necesarias) medidas sanitarias produjeron un colapso de la actividad económica y en abril la misma se contrajo en 12,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Las perspectivas también cambiaron tajantemente. El FMI estimaba en enero que el PIB paraguayo crecería 4 por ciento en 2020. Para junio su proyección era sombría: contracción del 5 por ciento, la mayor desde que el BCP elabora estadísticas sobre el PIB nacional.
Un fisco estresado. Ante la coyuntura recesiva, el Gobierno lanzó un ambicioso plan de recuperación económica que incluye, entre otras cosas, un nuevo endeudamiento. El mismo estuvo sujeto a varios reparos, pero resalto dos de ellas. Primero, sectores que no fueron contemplados específicamente en dicho plan reclamaron su incorporación, al tiempo que algunos que ya estaban incluidos pidieron mayores beneficios. El segundo tipo de críticas se refería a que, luego de la aprobación de la Ley de Emergencia, el país había llegado a su capacidad máxima de endeudamiento y la aprobación de nuevas deudas estaría poniendo en riesgo la solvencia del Fisco para hacer frente a sus compromisos. Concentrémonos inicialmente en la segunda de ellas.
Un análisis de los números fiscales de los últimos años permite destacar algunas “regularidades” de la política fiscal a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el lado de los ingresos, las recaudaciones de impuestos equivalen al 9,9 por ciento del PIB anual y los ingresos no tributarios son aproximadamente de 1,000 millones de dólares anuales. Por el lado de los egresos, los gastos salariales aumentan cerca de 8 por ciento por año; las prestaciones sociales suben en un 10 por ciento anual; los bienes y servicios se mantienen en 500 millones de dólares anuales; y, las transferencias a gobernaciones y municipios alcanzan el 15 por ciento de los ingresos totales. En cuanto a la deuda, la misma sube a un ritmo de 800 millones de dólares por año mientras que el pago de intereses representa cerca del 3,8 por ciento del saldo de esta.
Los porcentajes y montos mencionados no son totalmente exactos, pero son suficientemente estables como para hacer proyecciones. Si sumamos a esto una estimación razonable del PIB (basado en que la economía recupera su crecimiento potencial) y de la depreciación esperada del guaraní, tenemos todos los elementos para estimar la dinámica de las cuentas fiscales en el mediano plazo. Sin embargo, lo que pareciera ser un ejercicio relativamente simple, que puede hacerse en una hoja de cálculo, nos deja conclusiones poco placenteras. Bajo el supuesto de que las políticas fiscales sigan con su dinámica anterior a la pandemia, el déficit fiscal podría “estabilizarse” en un nivel cercano al 6 por ciento del PIB en el mediano plazo. Esto es claramente insostenible. Las cuentas fiscales están estresadas.
Un balance delicado. Mantener el “statu quo” fiscal es impensable. Las políticas implementadas para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia han reducido sustancialmente el espacio de maniobra del Ministerio de Hacienda. En esta coyuntura fiscal delicada, las demandas por mayor apoyo presupuestario (a empresas o personas) para posibilitar una salida de la crisis se multiplican. Ante la falta de recursos genuinos, satisfacer estas demandas implicará un mayor endeudamiento. ¿Es viable esto? La respuesta es: depende. Depende de cuáles son los planes del Gobierno para el mediano plazo. Un mayor endeudamiento en el presente implica un mayor compromiso (también en el presente) de que la política fiscal será significativamente redireccionada en el futuro.
Recalibrar la política fiscal no será tarea sencilla ni rápida. La pregunta clave es: ¿tiene el Gobierno la voluntad y, sobre todo, la capacidad política para implementar un duro ajuste fiscal? Volviendo a nuestra hoja de cálculo: si se congelan los salarios públicos por tres años, si se reduce en unos puntos porcentuales el porcentaje de las transferencias a gobiernos descentralizados, si los gastos de capital se mantienen como máximo en un nivel de 1.100 millones de dólares, se estaría en el camino correcto… aunque el esfuerzo será insuficiente para converger al límite de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un ajuste impositivo será (muy probablemente) inevitable, con los actuales niveles de deuda y más aún si la misma se incrementa. Esto no debería negarse ni ocultarse.
Los costos de la pandemia (o del endeudamiento derivado de ella) lo tendremos que pagar tarde o temprano. Antes que eso tenemos que entender que el Fisco tiene una restricción presupuestaria, un límite máximo de recursos que puede usar para dar apoyo en esta crisis. Esto implica que el Gobierno deberá realizar elecciones ingratas: en nombre de la recuperación, no se puede auxiliar a todos y por el monto que se demanda. El mismo Gobierno, junto al Plan de Reactivación, debería presentar un Plan de Consolidación Fiscal de mediano plazo. Para diseñar uno no basta con anunciar medidas, sino que debe cuantificarse el impacto de cada una de ellas en el balance del Fisco. De esta forma, todos podremos ver de forma transparente cuán realistas o viables son las proyecciones.
Lógicamente, el éxito del plan dependerá en gran medida del Congreso, que deberá aprobar cada año un Presupuesto anual de gastos muy austero. El proceso de concienciación al Parlamento (y a la sociedad toda) de la delicada situación fiscal tampoco será tarea fácil. Comunicar en forma clara y consistente el tamaño, la dinámica y los detalles del ajuste (para generar credibilidad y adhesión) será un elemento crucial. Mientras tanto, declaraciones desde el Ejecutivo de que “no podemos permitir que por el cuidado de la (macro) economía, el Paraguay pare el nivel de desarrollo que necesita” son inoportunas y erradas. Ellas ignoran la historia económica de Paraguay y de América Latina: sin estabilidad macro no hay desarrollo, lo primero permite lo segundo. Si no entendemos esto, corremos el riesgo de generar en el futuro cercano un colapso fiscal de manera rápida y furiosa.
