La institución destacó que es la primera vez que el Estado paraguayo logra la ejecución de una condena por responsabilidad civil, delito que ha obligado a varias personas que cumplían el cargo de funcionario público a devolver con sus bienes personales el dinero público que han malversado durante el ejercicio de sus funciones.
No obstante, esta suma es ínfima en comparación con toda la pérdida que ocasiona al Estado el delito de la corrupción pública en diferentes instituciones públicas y que parecen no dar tregua.
El caso. La causa penal ha concluido con el dictado de la Sentencia Definitiva Nº 152 de fecha 20 de agosto de 2012, por la cual el Tribunal de Sentencia competente integrado por los jueces Gloria Hermosa de Correa, Sandra Farías y Héctor Capurro, que resolvió condenar a penas privativas de libertad y declaró civilmente responsables a los ex funcionarios de la Policía Nacional Hermes García Balmaceda (jefe del Depto. de Intendencia), Juan Silverio Melgarejo Villalba (girador del Depto. de Intendencia), Carlos Sánchez Cano (girador del Depto. de Intendencia), Francisco Benítez Figueredo (ayudante del Depto. de Intendencia) y al ciudadano Milciades Dionisio Sanabria Cantero (propietario de la firma MS Import-Export), por haber causado una cuantiosa sobrefacturación e injusto menoscabo al patrimonio de la Policía Nacional con la sobrefacturación en la compra de carne para las distintas dependencias policiales, produciéndose así un gran perjuicio económico al Estado paraguayo, según informó la Procuraduría
484.000.000
de guaraníes recuperó el Estado en el marco de la acción civil para la reparación del daño interpuesta en el juicio.
8 billones
de guaraníes es el daño patrimonial cuantificado que causa la corrupción en el país, según el portal del gremio de abogados.