Los abogados del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, Élida Acosta y Federico Legal, además de los periodistas Hugo Portillo y Enrique Vargas Peña, presentaron en la víspera, en la secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra el acta del Consejo de la Magistratura en la que se asentó la terna para el cargo de ministro de la máxima instancia judicial, aparentemente por ocultamiento de una de las evaluaciones realizadas a los postulantes al cargo.
En este caso, fueron nominados por el Consejo Linneo Insfrán, Alma Méndez y Carolina Llanes.
Según la presente acción, el 13 de junio pasado los accionantes habían recurrido ante el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 9° turno, secretaría 17, Hugo Garcete, y este dictó una medida de urgencia, ordenando al Consejo de la Magistratura “la publicación de las actas y registros fílmicos completos de la sesión extraordinaria realizada el 10 de junio pasado, en que los miembros de dicho órgano habían otorgado puntajes que resultaren de la evaluación del requisito de notoria honorabilidad.
Pero el 14 de junio, el Consejo llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que conformó la terna para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, sin que, a la fecha, se haya cumplido con lo ordenado por el magistrado, que había dictado la medida de urgencia citada.
Por el contrario, el Consejo volvió a ocultar la información sobre la sesión del 10 de junio, al presentar en el citado juicio de amparo una copia del acta en la cual no constan registros sobre “los motivos o detalles que pudieran referirse a la calificación de honorabilidad de un futuro ministro de la Corte”, que es lo que se había ordenado.
Ezequiel Santagada manifestó que el Consejo no había cumplido con la resolución de un magistrado, en este caso Hugo Garcete, que fue la de publicar las actas y/o registros fílmicos completos de la sesión extraordinaria del pasado 10 de junio de 2019.
Ante esta situación, los accionantes solicitan a la sala constitucional la suspensión de efectos de los actos normativos del Consejo, hasta tanto se decida sobre la admisibilidad de la presente acción.
Todo esto, teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores cuenta con un plazo de diez días para tomar una decisión respecto a la terna enviada y que de darse trámite a la presente acción, la legitimidad del designado estaría rodeada de un manto de incertidumbre hasta el dictado de la sentencia definitiva, generando una situación de extrema gravedad institucional, según señalaron los accionantes.