Los entes binacionales son propiedad del Estado paraguayo; por lo tanto, su manejo debe ser transparente y bajo los principios y pilares que rigen nuestra Constitución y dan origen a las leyes y otras normas que dirigen la administración pública. Más allá de que estas instituciones tengan su propio marco normativo, este no puede desviarse de los parámetros éticos y jurídicos que rigen la nación. Los objetivos de transparencia en la toma de decisiones y en la administración, de eficiencia económica y calidad de los servicios y el mérito en la gestión de los recursos humanos se aplican al sector público tradicional y se extienden también a estas dos entidades.
La transparencia y la rendición de cuentas deben garantizarse de manera que la población paraguaya pueda valorar y juzgar la conducta de los gestores, así como los resultados de la gestión. Paraguay tiene la propiedad de ambas entidades; por lo tanto, tiene la capacidad para tomar decisiones y de impactar en el desarrollo del país y el bienestar de su ciudadanía.
La transparencia y el control de los recursos no deben limitarse únicamente a los fondos sociales, sino también a todo lo referido a los recursos humanos, como la carrera profesional y los niveles salariales. Como el resto de los funcionarios públicos, las normas deben aplicarse a los de las entidades binacionales. Es inadmisible que no exista una carrera profesional que garantice capacidad e integridad a quienes entren a ejecutar recursos que son del país.
El nepotismo, la discrecionalidad en la selección y nombramientos y la ausencia de resultados deben ser totalmente erradicados de la gestión de estas instituciones. El nivel de remuneraciones, así como cualquier beneficio adicional, debe estar justificado y acorde con los criterios que se manejan en el sector público nacional.
El país debe dejar de tener trabajadores de primera, segunda y tercera categoría, sobre todo porque los privilegios con que cuentan unos se consiguen a costa del bien común, restando recursos para la mayoría. La desigualdad que se genera por el trato diferenciado en salarios no se sustenta en los mayores méritos ni capacidades, sino en un uso abusivo del poder.
Si queremos un país desarrollado debemos avanzar en la vigencia de un Estado de derecho, lo cual implica transparencia y rendición de cuentas de los fondos que se utilizan en cualquier política pública y por cualquier político, incluyendo los “fondos sociales”. El primer problema que enfrentan estos recursos es la negativa de las autoridades de incorporarlos al presupuesto público. Esto hace que la trazabilidad y la auditoría ciudadana sea casi imposibles.
Pareciera que ese es justamente el objetivo, ya que ambas entidades binacionales están permanentemente en las noticias por el dudoso manejo de sus recursos. El último, por ejemplo, fue en diciembre pasado sobre una compra de útiles a través de una supuesta licitación irregular por parte de Itaipú, denunciada por el Centro de Industrias Metalúrgicas.
También se ha denunciado la falta de control sobre las zonas de protección al borde del espejo de agua de Itaipú, lo que ha permitido la instalación irregular de clubes privados y de puertos para el tráfico de contrabando, drogas y armas.
Estos son solo algunas de las denuncias que se han hecho eco en la prensa y que muestran la falta de responsabilidad y patriotismo en el uso y defensa de los recursos públicos como son las entidades binacionales.
Paraguay, a pesar de tener la propiedad de estas dos empresas binacionales, permanece entre los países de menor desarrollo relativo en la región. Ni siquiera ha logrado universalizar el servicio de energía eléctrica y garantizar calidad a quienes lo reciben. Esto no es por falta de recursos u oportunidades, sino por la falta de compromiso de las autoridades que han manejado estas instituciones de manera prebendaria e ineficiente.
