El proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, también conocida como “ley garrote” o anti-oenegés, pasó al Poder Ejecutivo para que el mandatario, Santiago Peña, promulgue o vete la iniciativa del ala más fuerte de Honor Colorado.
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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma sin fines de lucro, con cerca de 100 miembros y más de 300 aliados entre organizaciones de la sociedad civil, redes, activistas y otros actores sociales de América Latina y el Caribe, sostuvo que el proyecto “pone en riesgo la autonomía e independencia” de las organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, reiteraron una profunda preocupación y advirtieron que la aprobación del proyecto de ley en su forma actual tendría consecuencias devastadoras para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Paraguay.
“Es importante recordar que, con relación a este tema, Redlad ha expresado su preocupación por los ataques a la defensora de la sociedad civil, Marta Ferrara, y la deslegitimación de las ONG en Paraguay, evidenciando un clima hostil hacia la sociedad civil”, señalaron.
Asimismo, instaron al diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para fortalecer la transparencia, sin comprometer la libertad de asociación ni la democracia participativa en Paraguay.
Sobre el punto, reiteraron que el proyecto de ley afectaría negativamente en la autonomía, independencia y capacidad operativa de las organizaciones, además de tener que enfrentar requisitos y sanciones excesivas, así como limitaciones para actuar de manera autónoma y efectiva; comprometiendo su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, la democracia y su contribución al bienestar social.
Entre los problemas identificados por la Redlad, expusieron como principal problema la definición de “Organizaciones Sin Fines de Lucro”, porque el proyecto de ley excluye de manera arbitraria a organizaciones deportivas, partidos políticos e iglesias, entre otras organizaciones que actualmente están involucradas en escándalos de corrupción y actos delictivos, como el narcotráfico.
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También subrayaron el alcance excesivo del proyecto de ley, que incluye organizaciones que manejan fondos privados nacionales e internacionales o provenientes de Estados extranjeros, lo que puede generar un control excesivo y desproporcionado.
De igual manera, acentúan las sanciones desproporcionadas, ya que se prevé el cierre de organizaciones y la inhabilitación de sus directivos para ejercer cargos similares por un periodo de hasta 5 años, lo que puede tener un impacto devastador en la sociedad civil.
A partir de lo anterior, Redlad se une al llamado al poder Ejecutivo en Paraguay y, específicamente al señor Presidente, Santiago Peña, a rechazar el proyecto de ley en su forma actual y a abrir un espacio de diálogo y consulta con las organizaciones para construir un marco regulatorio que promueva el control efectivo, la transparencia y la rendición de cuentas, sin menoscabar la autonomía, independencia y el impacto social de las organizaciones sin fines de lucro.
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Entre tanto, solicitaron el apoyo de la comunidad internacional para defender el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de la sociedad civil en Paraguay. “Las organizaciones civiles sin fines de lucro son fundamentales para la construcción de sociedades justas y equitativas, y su trabajo en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y la participación ciudadana es invaluable para el bienestar de las sociedades”.
La organización tiene miembros activos en Argentina, Brasil, Chile, COlombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Proyecto sancionado
Este miércoles, el Senado sancionó por 31 votos el documento que llegó de la Cámara de Diputados, que el pasado martes 1 de octubre se aprobó a libro cerrado y con las “boludeces que pidió Santi”, que fueron introducidas apenas horas antes de su tratamiento.
Como adelantó el propio presidente de la Cámara Alta, Basilio Bachi Núñez, esta ley es para controlar a CIRD, Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia; y Soledad Núñez.
Así, con un debate de un par de horas, Honor Colorado finiquitó, junto con sus aliados, otra polémica ley que pretende restringir la participación ciudadana en asuntos públicos, según denunciaron los opositores y varias organizaciones.
La votación fue nominal y quedó de la siguiente manera:
Por el Partido Colorado, votaron los senadores Juan Afara, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna (hijo), Erico Galeano, acusado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico; Patrick Kemper, Gustavo Leite, ex tesorero de la ONG Cenáculo del Paraguay; Derlis Maidana, Basilio Bachi Núñez, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Silvio Beto Ovelar, Orlando Penner, Luis Pettengil, Ramón Retamozo y Óscar Salomón.
La lista continúa con los hermanos Samaniego, Lilian y Arnaldo; Colym Soroka, Lizarella Valiente, Javier Zacarías Irún y Mario Varela.
Mientras que entre los satélites o aliados del cartismo figuran los liberales José Pakova Ledesma, Édgar López, Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera; y los ex Cruzada Nacional: Javier Chaqueñito Vera, Zenaida Delgado y Noma Yamy Nal Aquino.
Solo 10 senadores votaron por el rechazo de la ley. Ellos son Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Enrique Salyn Buzarquis, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez, Eduardo Nakayama, Yolanda Paredes, Rubén Velázquez y Éver Villalba.
En tanto, el senador José Oviedo, que pasó al movimiento YoCreo, votó por la versión original del proyecto.
Principales modificaciones
En la versión sancionada se excluye del control a los organismos internacionales, agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
Siempre y cuando no reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, también quedan excluidas del alcance de la ley las organizaciones estrictamente deportivas no profesionales, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
Las organizaciones sin fines de lucro estarán obligas a presentar un informe anual de sus balances, programas y la lista completa de todos los trabajadores que hayan sido contratados por ellas.
Se eliminan las sanciones monetarias, pero se mantienen el apercibimiento o la inhabilitación para ejercer un cargo de dirección o administrativo.
