Aunque el Paraguay cuenta desde el 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia, en la cual se ha incorporado y tipificado el feminicidio, con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años, los casos aberrantes no dejan de ocurrir.
Durante el 2020 se registraron más de 15.000 denuncias de violencia contra la mujer y 32 casos de feminicidios en el Paraguay, mientras que en el 2019 hubo 37 casos de asesinatos de mujeres. En el 2021, en solo un mes y medio de lo que va del año ya se contabilizan cuatro víctimas fatales, según el Observatorio de la Mujer, a los que se suman varios casos de intentos de feminicidio, incluyendo el último que ocurrió ayer en Amambay.
La Ley 5777/16 conceptualiza las diferentes formas de violencia contra la mujer, entre ellas violencia feminicida, violencia física, sicológica, sexual, contra los derechos reproductivos, patrimonial, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, mediática, telemática, simbólica y contra la dignidad. Sin embargo, solamente el feminicidio cuenta con sanción penal expresa en el instrumento legal.
El Estado paraguayo no puede permitir que sigan muriendo mujeres víctimas de la violencia.
Para ello debe disponer de más esfuerzos y más compromiso de parte de todos los funcionarios que se encuentran involucrados en esta labor: en la Policía, Fiscalía, jueces, hospitales, etc.
Se deben redoblar los esfuerzos para que las personas que están en riesgo de sufrir violencia, o ya están sufriendo violencia, puedan tener acceso rápido y fácil a la atención adecuada, que puedan recurrir a la Justicia y a los servicios de atención donde reciban todo el apoyo. Al mismo tiempo, la sociedad entera debe involucrarse en la lucha contra todo tipo de violencia, pero muy particularmente la que es ejercida en contra de las mujeres.
Lamentablemente, el Ministerio de la Mujer se desvía en hechos de adulonería política al presidente y al entorno gobernante, como el cuestionado comunicado de indignación selectiva, firmado por la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, tras el incidente que afectó al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, o el anuncio de que la misma secretaría de Estado rendirá un homenaje al presidente Mario Abdo Benítez en el Día de la Mujer Paraguaya, el 24 de febrero, en una práctica que era común durante la dictadura stronista.
Este hecho motivó que la viceministra Liliana Zayas Guggiari renuncie a su cargo, por considerar que el Ministerio de la Mujer “perdió credibilidad y goza de desconfianza”.
Es hora de actuar y despertar las conciencias. No se puede aceptar que las mujeres sigan siendo asesinadas.
