La prioridad política en los últimos tiempos ha sido abultar cada año el presupuesto público para que el gasto salarial y otros gastos rígidos no paren de crecer a costillas de los impuestos ciudadanos. Y acá hay que hacer también una autocrítica, nosotros se los dejamos.
Llegamos así al 2019. Lo que se denominó como la “tormenta perfecta” nos hizo un aviso. El año pasado sufrimos una fuerte desaceleración en el primer trimestre que luego se convirtió en recesión, tiempo en el que se vio no solo duramente afectado el empleo, sino también los ingresos privados y públicos que sostienen a la economía nacional.
Para evitar que el 2019 cierre con una notoria contracción del PIB, el Gobierno impulsó un programa de recuperación de USD 1.543 millones basado en las obras públicas, asistencia social y apoyo productivo y comercial. Si bien el plan logró su objetivo, e incluso garantizó un rebote positivo en el primer trimestre de este año, tras la explosión del Covid-19 se volvieron a desnudar las históricas falencias y el Gobierno tuvo que recurrir nuevamente a una deuda de USD 1.990 millones para enfrentar la crisis.
El nulo ahorro fiscal, producto de un cóctel compuesto por una baja presión tributaria, una insignificante carga para los sectores más ricos, unas generosas exoneraciones, una abrumante informalidad y un excesivo malgasto público, entre otros, empuja a un desenfrenado crecimiento de la deuda en medio de un temor de discutir sobre reformas tan necesarias como urgentes.
Es indiscutible que ahora la prioridad es la recuperación de los sectores económicos. La asistencia directa del Estado a empresas –principalmente mipymes– de rubros como la gastronomía, hotelería, turismo y comercio fronterizo debe ser una prioridad, así como es imprescindible que no se descuide a aquellas compañías que dependen del sector educativo y eventos. Las subvenciones a trabajadores formales e informales afectados por el Covid-19 debe reforzarse y el Estado no puede dejarlos caminar en solitario rumbo al abismo.
La cuestión entonces es ¿cómo se financian esas políticas?
La respuesta es evidente: con deuda, el Paraguay cuenta con cero de ahorro fiscal.
Entonces viene la siguiente pregunta: ¿Es sostenible tomar más deuda, por encima de los USD 1.990 millones ya autorizados en marzo? ¿Tiene capacidad el Estado de sostener la deuda?
Hoy, sí. Los niveles de endeudamiento se encuentran apenas en amarillo y la prioridad actual es recuperar como sea a los sectores económicos que pasan hambre e incertidumbre. Sin embargo, pasada la crisis es imposible eludir discusiones sobre ingresos y gastos. Si bien la Ley de Administración de Pasivos que propone el Gobierno ayudará a alivianar la carga del servicio de la deuda y el crecimiento del PIB previsto para 2021 o 2022 impactarán directamente en mayores recaudaciones públicas, es el momento de una buena vez de revisar el peso de los impuestos directos como parte de un esquema de equidad social, si las generosas exoneraciones tuvieron un efecto significativo en la inversión o si el crecimiento anual del gasto en salarios significó menos informalidad o mejor calidad de los servicios públicos como agua, luz, transporte, etc.
La historia nos dice que el secreto de las revoluciones radicó, principalmente, en el hartazgo y la desigualdad. También nos recuerda que la tolerancia y la conformidad vienen con fecha de vencimiento. No esperemos a tropezar nuevamente con la misma piedra, es momento de reflexionar y aprender de las experiencias.
