Al cierre del 2024, la Caja Fiscal tuvo una pérdida de G. 2,2 billones, que al cambio actual es de USD 277 millones, mientras que en los últimos 10 años el agujero se llevó G. 8,8 billones, equivalente a USD 1.109 millones.
“Se puede ver que el déficit global en 2024 casi se duplicó con relación al 2023, esto se debe a un ‘sinceramiento’ en los ingresos, ya que los montos previstos para los cargos vacantes dejaron de transferirse a la Caja Fiscal como aporte con una modificación introducida en la Ley de Presupuesto. Sinceramiento porque es un gasto que se hacía de todas maneras, pero registrado contablemente de otra manera, ya que el superávit generado con esos aportes iba a financiar los regímenes civiles deficitarios. Ahora el déficit se financia con los aportes y las reservas (que se alimentan de los superávits y los rendimientos de las inversiones) para los programas civiles y con impuestos para los programas no civiles. En diez años el déficit anual aumentó 32 veces (o 3200%), llegando a alcanzar USD 280 millones”, señaló.
El experto mencionó que la Caja Fiscal, debido a los problemas de sostenibilidad financiera, y de acuerdo a la proyección realizada en 2022 por el MEF, las reservas de la previsional depositadas en el BCP podrían agotarse dentro de los próximos 5 años, es decir para el 2027.
“Es evidente que la Caja Fiscal requiere de una reforma urgente que permita hacer frente a esa situación. No porque el déficit hoy sea grande, representa solo 0,7% del PIB, cuando Chile, Colombia, Costa Rica o México destinan 2,8%, 5,7%, 5,1% y 3,1% respectivamente, (el aporte estatal se da en todo el mundo, y a niveles incluso muy altos como Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, donde superan el 10%, pero con coberturas casi universales, una población envejecida y una presión tributaria elevada) sino porque el ritmo de crecimiento se acelera para un universo de beneficiarios relativamente pequeño”, alertó.
Reforma. Ibarrola recordó que la Caja Fiscal es solo una pequeña parte del problema dentro del sistema de pensiones y jubilaciones del país, donde los funcionarios públicos comprenden la población de mayor cobertura en la seguridad social, por lo que consideró que esto debe verse como una parte de una reforma integral del sistema de pensiones.
“De una u otra forma, en algún momento, el Estado deberá financiar o al menos dar asistencia por lo menos a los mayores más desamparados, disparando el gasto público. En ese sentido, las reformas que ya se han analizado y propuesto van desde las reformas paramétricas (edad, contribución, tasa de sustitución), pasando por cambios estructurales en los pilares (reparto, capitalización, voluntario), la ampliación de la base contributiva (dada la informalidad privada), los cambios en las instituciones que manejan los fondos, o mejorar la inversión y el rendimiento de los fondos jubilatorios”, sostuvo.
Agregó: “Se necesita imperiosamente revisar y diseñar los parámetros (años de aporte, tasas, edad de retiro, entre otros, que deberán tener impacto en el mediano/largo plazo) que precisamente generan ese déficit, y plasmarlo en una propuesta legislativa que establezca cambios integrales para asegurar la sostenibilidad, que es en lo que actualmente el Gobierno se encuentra trabajando, según sabemos conforme a lo expresado por el ministro del MEF y se informó al FMI”.
Consenso. Asimismo, enfatizó que “para el éxito de toda reforma del sistema jubilatorio, que siempre es controversial, es fundamental construir consensos entre todos los sectores, bajo la premisa de que es necesario sacrificios de todos los sectores, pero en beneficio de la generalidad, ya que un sistema de jubilaciones del sector público sostenible garantiza a todos, actuales jubilados como a los futuros, de recibir sus respectivas jubilaciones. Y, adicionalmente, mantener la estabilidad fiscal que es la piedra angular de la estabilidad macroeconómica de Paraguay, para no afectar”.
Regímenes. El economista señaló que la Caja Fiscal se divide en dos programas: El civil (Administración Central, magisterio, magistrados universitarios, docentes universitarios y otros) y no civil (policías y militares).
Comentó que el salario base para el cálculo del haber jubilatorio es el promedio de la remuneración imponible de los últimos 5 años para los programas civiles (con tasa de sustitución que va del 47% al 100%, dependiendo del régimen); y para los no civiles, el salario base para el haber de retiro se encuentra equiparado al sueldo del trabajador en actividad, es decir, se retiran con una jubilación directamente igual a su último salario, y que se va actualizando si este se actualiza.
Indicó que desde el 2007 aprobaron una serie de leyes que distorsionaron el panorama, estableciendo condiciones bastante inequitativas entre los diferentes regímenes del programa civil.
Si bien desde el Ministerio de Economía y Finanzas se anunció que desde finales del 2024 ya se venía trabajando en proyecto de reforma, lo concreto es que a poco de culminar el primer trimestre del 2025 no se tiene novedad sobre la propuesta del Poder Ejecutivo. Tampoco se precisa si las modificaciones ya fueron socializadas con los sectores afectados o que presentan déficit. El proyecto de reforma es uno de los principales desafíos del Gobierno para este año.
