La Caja Fiscal es insostenible financieramente y también tiene un impacto negativo en el rol redistributivo del Estado y en la eficiencia de los fondos públicos. Financieramente, una parte importante de las jubilaciones pagadas actualmente a policías, militares y herederos se cubren con recursos del Tesoro ya que los aportes de los titulares son insuficientes para financiar a sus propios pasivos.
El hecho de que el déficit se cubra con impuestos constituye un problema grave de equidad. Un país cuya estructura tributaria se basa en impuestos indirectos ya muestra el carácter regresivo del sistema tributario.
A eso se agrega que estos impuestos son pagados en muchos casos por quienes nunca van a jubilarse porque trabajan en el sector informal y están excluidos del Instituto de Previsión Social.
Esta situación resulta en una política de seguridad social, que en lugar de reducir las desigualdades las aumenta.
Los principios establecidos en todos los regímenes es el solidario y de reparto. Eso significa que el aporte de los más jóvenes financia a quienes cobran sus jubilaciones y estos últimos tienen conocimiento del monto que recibirán reduciendo la incertidumbre y la vulnerabilidad. El pacto social se basa en compromisos mutuos intergeneracionales.
También existen otros tipos de pactos, como los que permiten a personas que enfrentan dificultades graves para culminar su periodo de aporte, por ejemplo en caso de incapacidad permanente, y se acogen de manera temprana a una jubilación.
Estos pactos se empiezan a romper cuando un sector laboral termina recibiendo mucho más de lo que aportó perjudicando a otros aportantes.
La situación se agrava en Paraguay porque las desigualdades y los privilegios se originan en las condiciones iniciales, o en los parámetros que definen la tasa y el tiempo de aporte, la edad de jubilación, el monto de la jubilación, entre otros aspectos.
En Paraguay, además, los diversos regímenes se administran de forma separada generando ineficiencias. Al mismo tiempo, se debe señalar el hecho relevante de que no existe un ente rector y supervisor del manejo de los fondos de inversión.
Y, al mismo tiempo, se debe considerar la desconfianza de los diferentes actores involucrados, lo cual impide el tratamiento adecuado de los fondos, limitando el rendimiento de los mismos.
Frente a todos estos problemas es urgente poner en marcha un proceso de debate, discusión y negociación para acordar los cambios que se requieran.
Pero más urgente todavía es blindar esta iniciativa de intereses electoralistas cuyas consecuencias probablemente tornen más acuciante el desempeño global de los regímenes públicos.
El país vive un momento electoralista, y el tema ya se ha filtrado, si no en la agenda, ciertamente en el discurso electoral y el de las promesas de campaña. Recientemente ya se pudo comenzar a ver reacciones cuyo objetivo es conseguir votos favoreciendo a sectores particulares, y no precisamente ofrecer soluciones a un tema complejo y sumamente sensible. Los costos serán desastrosos y serán pagados por la mayoría de la población.
Lo peor, el peor escenario de esta situación que vivimos, es que los efectos de una mala política de seguridad social se expanden a largo plazo, afectando a las generaciones futuras.
Es urgente que los políticos serios tomen este tema como una causa nacional y garanticen un proceso negociado y pacífico de manera a transitar hacia un régimen consolidado y sostenible de aquí a al menos 75 años.