Etiquetado como “empresario del espectáculo y futbolista amateur”, y “futbolista fracasado” por una ex ministra de Justicia en un reportaje publicado recientemente por The Washington Post, Marset se mueve cómodo en la clandestinidad, pese a que es un prófugo buscado por la Interpol. Esto no ha evitado que el año pasado concediera una escandalosa entrevista –por las circunstancias en que se realizó– cuando una periodista uruguaya vía aérea se desplazó para una reunión con Marset. El verdadero mensaje en aquella ocasión fue demostrar la impunidad con la que se desplaza. Tristemente quedaron expuestas nuestras debilidades institucionales cuando la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) afirmó que no puede detectar vuelos “no amigables”, y que apenas se cubre un 3% del cielo con un radar a medias.
Siete meses después, y a escasos días de la detención de su esposa en España, Marset vuelve a aparecer, esta vez con un mensaje enviado vía audio. Marset y su esposa están imputados en una investigación derivada del operativo A Ultranza Py, que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico; la mujer contaba con orden de captura internacional por tráfico de drogas y otros delitos. Hace unos días, desde la clandestinidad, amenazó a jueces y fiscales paraguayos afirmando que “como mínimo buscará la destitución” de los investigadores que llevan la causa.
Tras la velada amenaza, la Fiscalía pide a la Policía Nacional redoblar la protección y en el mismo tono, la Corte Suprema de Justicia informa que implementará medidas de seguridad para proteger a la jueza que atiende el caso. Reforzar la seguridad de jueces y fiscales es una medida lógica y esperada, particularmente tras el crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en una plaza del Caribe colombiano. De hecho, como señaló el ministro del Interior, “está demostrado que este señor (Marset) mueve mucho dinero, muchas influencias. (...) Si el Estado no cuida a quienes están investigando, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo”.
El Estado paraguayo, sin embargo, además de amenazas concretas en contra de sus funcionarios, en este caso proferidas por un investigado por narcotráfico, enfrenta claramente el asedio del crimen organizado. Como ha quedado demostrado en forma alarmante con el sonado caso A Ultranza Py, que reveló la vinculación tanto de funcionarios como de autoridades electas como diputados y senadores, y en operativos como el que reveló que Jarvis Chimenes Pavão, condenado por narcotráfico y recluido en una cárcel del Brasil, seguía a la cabeza de una organización que lavaba activos provenientes del tráfico de sustancias ilícitas, y los introducía a nuestro sistema financiero. En el Operativo Pavo Real fueron detenidas e imputadas más de una decena de personas, entre ellas el marido de una fiscala asignada a la ciudad de Pedro Juan Caballero, quien fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal por sus presuntos vínculos con el esquema del narco Chimenes Pavão.
Paraguay forma parte de la ruta del narcotráfico, y lamentablemente esto no sería posible sin la filtración en nuestras instituciones, sin la colaboración de autoridades policiales, judiciales, políticas y militares. Es contra esta infiltración que debe reforzar sus defensas el Estado, pues está en juego nada menos que nuestra soberanía, frente al embate de la mafia y el crimen organizado.
