El combate a la corrupción, a la impunidad y al crimen organizado son los ejes principales de la agenda del funcionario del Departamento de Estado, coordinador adjunto global en Anticorrupción, Brendan Boundy, en su visita a nuestro país, con la intención de fortalecer una serie de acciones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que son dos de las principales desgracias en las que se funda nuestro actual infortunio.
A principios de este 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer un informe sobre derechos humanos en el que resaltaba que la impunidad en Paraguay es endémica entre los funcionarios de alto nivel. En un informe de 28 páginas se resaltaba que, si bien hay leyes que sancionan penalmente a trabajadores públicos corruptos, estas no son aplicadas de forma efectiva.
“Hubo informes generalizados de corrupción gubernamental en todas las ramas y en todos los niveles, con investigaciones periodísticas y de oenegés que informan sobre casos de malversación de impuestos, evasión, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal”. Difícil de rebatir, pero aún más difícil combatir, según la realidad que observamos a diario.
En aquel informe especial había también un contundente recuento: para el 17 de octubre de 2022, los casos de corrupción de alto nivel sin resolver incluyeron a cuatro ex ministros de la anterior administración, dos ahora ex ministros de la anterior administración; además de ex integrantes y miembros del Congreso, un ex fiscal general, tres ex gobernadores y un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la realidad del alcance de la corrupción en el Paraguay.
Por otro lado, parte de esta realidad es la normalización de los grandes males que nos aquejan, que es el crecimiento del poder del narcotráfico y del crimen organizado en nuestra sociedad. Lamentablemente se debe reconocer una suerte de aceptación de las situaciones de corrupción y prácticas ilegales, pues, como se ha evidenciado en diversas ocasiones, personas investigadas e incluso imputadas siguen obteniendo votos y ganando escaños parlamentarios. Esto sucede porque no existe una condena a quienes muestran vínculos con el narco o con el crimen organizado, y está muy relacionado con el hecho de que el delito de la corrupción pública pocas veces se paga.
Tampoco existe algún tipo de condena social a quienes, debiendo administrar los recursos del Estado, no dudan en obtener beneficios particulares incluso mientras miles de compatriotas sufren por las necesidades. Pocas dudas nos quedan de que esto se relaciona con la escasa cultura democrática construida tras la larga dictadura de Alfredo Stroessner.
Paraguay está entre los cuatro países que lideran el crimen organizado a nivel mundial, de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional; somos, tristemente, un verdadero “paraíso” para el crimen organizado. Esta situación, sin embargo, responde, entre otras razones, a un Estado débil y con instituciones permeables. Son, además, sumamente preocupantes los datos respecto a que la presencia de Paraguay en los mercados criminales está ligada a actores políticos con vínculos en el Estado.
La lucha contra la corrupción y el crimen organizado quedará, no obstante, en meros discursos y falsas promesas mientras no haya una mínima coherencia en nuestros gobernantes. Prueba de esto son los nombramientos realizados por Santiago Peña en muy relevantes cargos, de políticos muy cuestionados; “hombres escombro”, tal como los llamaba el recordado monseñor Ismael Rolón.
