Con esta propuesta se pretende fusionar tres instituciones: Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG).
De esta forma, el RUN sería como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Con la modificación, se establece que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) será la encargada de establecer los valores fiscales para la determinación del impuesto inmobiliario.
El proyecto es cuestionado por varios sectores como el de los escribanos, especialistas en temas catastrales, agrimensores, topógrafos y también por los campesinos.
En tanto, desde el sector productivo hasta el momento no hay cuestionamientos, ya que consideran que se podría poner fin al problema de la titulación de inmuebles.
“Con esta nueva ley, los jueces deben tener coraje para anular los títulos falsos y hacer una lista de quiénes son los que aparecen reiteradamente como agrimensores, como escribanos que hacen estos títulos”, dijo Claudia Ruser, de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS).
En cuanto a la intervención del Poder Judicial, no se mostró muy convencida y cree que “está aplazado en el ejercicio de impartir justicia”.
Agregó que, actualmente, se gasta mucho dinero en el proceso de anulación de los títulos falsos, pero finalmente estos siguen en vigencia. “Es un problema grave el que tenemos”, lamentó.
Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, Ana Mendoza de Acha comentó que plantearon 180 modificaciones de los 203 artículos y reclama que no se haya instalado una mesa técnica para hablar del tema.
Hasta el momento, se realizó una sola audiencia pública y el tratamiento del proyecto se fijó para el 29 de este mes. En la audiencia se había planteado establecer una mesa de trabajo, y no tuvo eco.
La ex senadora sostuvo que todo se centra en el Poder Judicial, y la Corte llevará a cabo “esa doble actividad de ser administradora de justicia y también dedicarse a la parte administrativa”.
Mencionó que, paralelamente, se presentó un proyecto de aumento de tasas judiciales, y se encarecería el costo de las escrituras.
El Colegio de Escribanos había solicitado la prórroga sine die (sin fecha) del estudio del proyecto porque se requiere de más tiempo para el abordaje del tema.
Un total de ocho comisiones del Senado dieron su dictamen favorable en una reunión conjunta con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; Roberto Moreno, asesor jurídico del Poder Ejecutivo, y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Desde la Federación Nacional Campesina (FNC), Marcial Gómez manifestó que en ninguno de los artículos se aborda una solución a la problemática de la tierra, especialmente en lo que respecta a su distribución.
“Más bien, el enfoque se concentra en el Poder Judicial, que asume competencias en el catastro, una cuestión técnica, y el registro de la propiedad. Así, el Poder Judicial actuaría como juez y parte ante cualquier eventualidad o conflicto que surja”, protestó.
Los sectores afectados creen que el oficialismo busca apurar el tratamiento del proyecto, una vez más, así como lo viene haciendo con la Superintendencia de Jubilaciones, la Ley Hambre Cero, entre otros. Según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, hay un total de 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas en el Paraguay.
