Los cerca de 200 casos de invasión que sufrió la hidroeléctrica Itaipú a lo largo de su franja de 1.524 kilómetros de bosques que van de Hernandarias hasta Salto del Guairá fueron en parte registrados por la entidad binacional. En la lista se puede observar a empresas agroganaderas y productores brasileños, quienes en el cien por ciento de los casos recibieron condenas leves o fueron blanqueados por la Justicia tras deforestar las tierras de la represa.
La lista que la investigación de ÚH pudo recopilar (ver infografía y documento adjunto) fue lograda a partir de documentos del proyecto Carapá Ypoti (2004), de registros de la Dirección Jurídica del 2007, así como los del periodo 2008 al 2013.
ÚH solicitó a los abogados de Itaipú la lista de los nuevos casos que encaró la binacional desde el 2013, pero la información no fue proveída.
Los datos que publicamos en esta edición, si bien son claramente incompletos, pueden dar un panorama claro de la gran cantidad de personas y empresas que se aprovecharon de la desidia de la binacional sobre su franja de protección o poligonal envolvente, destruyeron bosques nativos impunemente.
Como reveló este trabajo, una gran cantidad de agroempresarios brasileños fueron procesados tras las denuncias realizadas por la binacional, pero si no eran blanqueados por la Justicia, recibían condenas irrisorias como donar plantines, comprar tóner para el Juzgado o cubiertas para el Ministerio Público.
Proyecto de ley
A partir de los datos revelados por la investigación de ÚH, la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) anunció ayer que presentará un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Fronteriza, añadiendo sanciones a escribanos y notarios que incumplan la norma. Esto, a raíz de los datos revelados por ÚH que indican que toda la franja de seguridad fronteriza en el Departamento de Canindeyú está ocupada en un 50% por ciudadanos de origen brasileño, y en un 35% en el Departamento de Alto Paraná.
