La regulación tiene el objetivo de detener la deforestación provocada por el consumo de materias primas y sus derivados por los países de la Unión Europea, prohibiendo su ingreso si fueron producidos en tierras deforestadas a partir del 1 de enero del 2021. Para controlar su cumplimiento, cada embarque debe contar con una declaración de debida diligencia, la geolocalización de todas las parcelas de tierra en las que se produjeron. El responsable de realizarlo es el importador europeo, que además debe hacer una evaluación de riesgo anual previa para determinar si existe riesgo de que un producto no cumpla los requisitos. Por otro lado, la Comisión Europea clasificará los países en tres categorías de riesgo: Alto, bajo y estándar, en función de sus riesgos de deforestación. La clasificación se basará en el índice de deforestación y en la expansión de tierras en la producción de las materias primas. Los productos provenientes de un país de alto riesgo serán también de riesgo alto. Las infracciones se sancionan con multas, confiscación y prohibición de importar. Todo esto implica mayores costos y riesgos para toda la cadena de valor de los productos afectados que serán distribuidos entre productores y consumidores.
Aunque sea una decisión soberana es lamentable que países desarrollados impongan regulaciones que limitan las posibilidades de progreso de países subdesarrollados. La UE ha sido históricamente altamente proteccionista en el comercio agrícola con esquemas de cuotas y aranceles para acceder al mercado y una política agrícola con altos subsidios que deprimieron los precios internacionales y la producción en países productores subdesarrollados por décadas, pero esta es la realidad del mundo.
Una vez vigente la regulación, veremos su impacto en el mercado mundial de los productos. Una opción es que surja la “Soja Verde-UE” como producto diferenciado con trazabilidad certificada en la cadena completa de producción-logística-comercialización con primas en los precios pagados por los consumidores europeos que compensen los costos incrementales en toda la cadena. Otra es que se mantenga el precio de commodity y los costos se trasladen a los productores. Una tercera opción es que un país productor relevante como EEUU sea clasificado de bajo riesgo, por lo cual será más competitivo para acceder a la UE que países de riesgo alto. Estas últimas dos opciones son las peores para nuestro país, porque dados los factores considerados en la clasificación y evaluación de riesgos, las exportaciones paraguayas serán consideradas de riesgo alto.
Las exportaciones de rubros afectados directamente alcanzan apenas entre 3-4% del valor total de las exportaciones del país. Si consideramos que la soja exportada a la Argentina es procesada y reexportada a la UE, el impacto potencial inmediato sería de alrededor del 30% de las exportaciones totales del país, lo cual no es despreciable. Además, debemos considerar el efecto de limitar el crecimiento futuro, al no poder incorporar nuevas tierras en la producción. No olvidemos que el crecimiento de la producción de soja y carne en los últimos 20 años nos posibilitó aumentar el ingreso y reducir sustancialmente los índices de pobreza, pero la actual tasa del 22,7% es aún elevada.
Para nuestro país, la prioridad es seguir reduciendo la pobreza, y el crecimiento de la producción agropecuaria es fundamental para lograrlo. Ante esta realidad, tenemos que actuar inteligentemente. Por un lado, debemos desarrollar nuevos mercados en Asia, Medio Oriente y África para redireccionar la producción que no acceda a la UE y para que la producción siga creciendo. En paralelo, avanzar en el georreferenciamiento voluntario de las tierras productoras para asegurar la trazabilidad de la producción y cumplir con los requisitos europeos en los casos en que los precios/costos lo hagan viable.
