–El caso de tu padre llegó al sistema interamericano de justicia, porque tu familia no pudo obtener justicia en el país. Lo dijeron varias veces ustedes. ¿Qué se logró demostrar en Paraguay respecto a los responsables de la muerte de Santiago y quiénes rindieron cuenta por el crimen?
–En realidad en la causa penal llevada adelante en Paraguay no se logró demostrar efectivamente nada. La causa está en total impunidad. En distintos momentos fueron procesadas personas que son los principales sospechosos, como el hijo y el sobrino de Fahd Yamil, y Fernando Mendonca. La causa no es que tenga demasiados elementos de prueba con relación al tema. Fue intencionalmente llevada de una manera negligente e inclusive no ha avanzado. Y cuando se ordenó capturas o se procesó a algunos, apenas declaraban se los liberaba rápidamente del proceso.
En Paraguay no se determinó nada en la causa; no se hizo nada. Los autores materiales fueron detenidos en el Brasil y declararon que fueron el hijo y el sobrino de Fahd Yamil quienes los contrataron para asesinar a Santiago. Lo dijeron estando presos en el Brasil por otras causas. Igual, Paraguay no hizo nada para procesarlos, como son ciudadanos brasileños no podían ser extraditados, pero podrían haber sido juzgados en el Brasil por la muerte de Santiago.
–Durante la audiencia ante la Corte-IDH recuerdo que tu madre, Ana María Morra, mencionó como autores morales del asesinato de Santiago a Fahd Yamil y al ex presidente Andrés Rodríguez. ¿Cómo llegaron a esta conclusión?
–Hay distintos elementos que nos llevaron a esa conclusión. En febrero de 1991, Andrés Rodríguez se reunió en Pedro Juan Caballero con integrantes de la Cámara Paraguaya de la Soja de Amambay: Fahd Yamil, Fernando Mendonca y otras personas, y en ese momento se realizó una marcha campesina muy importante en la ciudad a la que mi padre dio amplia cobertura, lo que molestó mucho al presidente y, según se enteró Santiago y comentó a mi madre, el presidente comentó a aquel entorno pedrojuanino: ”Algo hay que hacer con este muchacho”, refiriéndose a mi padre. Fue como dar el OK para que lo maten. Andrés Rodríguez era compadre de Fahd Yamil, tenían un relacionamiento muy cercano.
La mencionada Cámara de la Soja del Amambay se dedicaba a triangular soja brasileña que ingresaba a Paraguay y salía como paraguaya. Toda esa rosca mafiosa que operaba entre la soja, el contrabando, narcotráfico y el manejo violento de la frontera fue desnudada por Santiago en las publicaciones que salieron entre el 20 y el 26 de marzo del 91, realizadas por dos periodistas enviados de Asunción, como medida de protección del Diario Noticias, medio para el cual mi padre trabajaba como corresponsal en la zona. Estas publicaciones también molestaron y ciertos pobladores le advirtieron a Santiago que Fahd Yamil había decidido mandar matarlo.
El dueño del diario ordenó cortar la serie, porque en una de las publicaciones se mencionó a un amigo de este. En ese momento, Santiago recibe la información de que lo iban a matar. Es lo que contó a mi madre, y que funcionarios de radio Mburucuyá también la confirmaron, tras el asesinato. Además, Mendonca lo había amenazado públicamente, poco antes, porque Santiago era muy crítico a la Cámara de la Soja y al Consejo de Desarrollo del Amambay (Codam).
–Más allá del resarcimiento económico a la familia, el fallo establece medidas que debe adoptar el Estado paraguayo de prevención y protección a la labor periodística. ¿Cuáles son las más relevantes?
–Quiero citar tres: la primera, el otorgamiento de presupuesto a la Mesa de Seguridad de Periodistas. Una entidad que carece de presupuesto. Hoy, el trabajo de protección depende de la buena predisposición de los integrantes de la mesa, y llega muy tarde. El presupuesto permitirá su institucionalización y de este modo aplicar las medidas de prevención y protección. La Corte obliga al Estado a otorgar un presupuesto como mínimo de USD 250.000 anuales por 10 años o hasta tanto se cree la institucionalidad que se propone desde la ley de protección y seguridad de periodistas. La otra medida es el impulso de esta ley. Y la tercera medida que destacaría es la creación de un grupo de trabajo para investigar el caso de Santiago y de todos los periodistas asesinados, pero en clave de derecho a la verdad. Investigará en qué estado se encuentran todos los casos de periodistas asesinados en el Paraguay sobre lo que debe rendirse cuenta ante la Corte-IDH. Apunta a la no impunidad de los casos de asesinatos de periodistas.
–Transcurrieron 31 años del atentado que le costó la vida a Santiago y la situación de violencia en PJC ha escalado a niveles que indican que allí el crimen organizado es el que lleva el control. ¿Qué reflexión te merece este hecho?
–Una primera reflexión es que al releer los artículos de Santiago de tres décadas atrás denunciando lo que estaba ocurriendo en la frontera es impresionante constatar que los hechos siguen tan vigentes. Lo que genera alarma, porque hay demasiada vigencia entre esas denuncias y lo que ocurre hoy. Si bien claramente se han acrecentado la violencia, los homicidios, el sicariato en el Amambay, el crimen organizado se ha filtrado en todo el país y a instituciones de los poderes del Estado.
Eso tampoco debería ser raro, porque hemos tenido presidentes vinculados con el narcotráfico, pero hoy en los más recientes grupos narcos identificados tenían su jefe en el Congreso. Tanto Erico Galeano, como todo el grupo del pastor Insfrán que tenían todas sus conexiones con el crimen organizado y con personas sentadas en el Congreso. Además, consideremos las asignaciones de “significativamente corruptos” a un ex presidente de la República y al vicepresidente actual. Pero sí es real que la situación de violencia en Amambay se ha profundizado, pese a ser de los departamentos que tienen presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. Realmente la situación es mucho más preocupante porque cuando ocurre un hecho demasiado violento y grave, se dan pequeñas movidas por parte del Gobierno, y luego una retirada y vuelta al statu quo que hace que los grupos criminales manejen esa zona y el resto del país.
–¿Por qué no ha avanzado hacia la aprobación de una ley de protección a periodistas?
–Lo que existe es un anteproyecto presentado en distintas oportunidades y que quedó archivado en algún proceso. A impulso del Sindicato de Periodistas se presentó de nuevo y se abrió una discusión con distintas organizaciones de la sociedad civil en la Comisión de DDHH del Senado. Posiblemente se presente como proyecto el 26 de abril, Día del Periodista.
ENTREVISTA A DANTE LEGUIZAMÓN, SECRETARIO GENERAL DE CODEHUPY
En la causa penal llevada adelante en Paraguay no se logró demostrar efectivamente nada. La causa está en total impunidad.
Genera alarma que hay demasiada vigencia de los mismos hechos que se denunciaron 31 años atrás en PJC.
Paraguay debe rendir cuenta ante la Corte-IDH sobre los casos de asesinatos de periodistas. El fallo apunta a la no impunidad.