La rendición de cuentas del Partido Colorado de su campaña para las elecciones generales de abril de 2023, presenta varias inconsistencias. En el informe presentado ante la Contraloría no cuenta con suficiente respaldo documental, sobre todo en cuanto a alquileres. Aparece una empresa con facturas consecutivas y sin justificación.
Tras una revisión documental de los informes de la Contraloría General de la República, pudieron notarse varias irregularidades en la rendición de cuentas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) respecto a comicios del 2023.
Lo más resaltante es la poco clara justificación de los gastos en concepto de alquiler. El Partido Colorado declaró un egreso en ese rubro por valor de G. 4.231.074.550, presentando una serie de facturas, pero sin adjuntar informes o contratos que avalen el gasto.
Entre las 12 empresas emisoras destaca el proveedor Dealer Brokers SA, ubicado en Alto Paraná, que pasaría desapercibido si no fuera por la particularidad de emitir un total de 44 facturas con numeración correlativa. El detalle señala que fueron realizadas en concepto de “alquiler de vehículo”, emitiendo consecutivamente facturas que van desde G. 9 millones a G. 63 millones.
Tras consultar a la Contraloría, no se ha confirmado aún que la agrupación política haya presentado el contrato de alquiler u otras documentaciones que respalden las transacciones.
El 27 de octubre de 2023, la Contraloría presentó un informe detallado sobre irregularidades encontradas en las rendiciones de cuentas de las organizaciones políticas referentes a las últimas elecciones.
Las rendiciones con los documentos respaldatorios se presentaron dentro de los 60 días posteriores a las elecciones, según exige la Ley 6501/2020. Todos los documentos se encuentran disponibles en la web del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (Onafip).
LA EMPRESA. Dealer Brokers SA ubica su sede en el edificio Paraqvaria, colindante al Paraná Country Club, en la oficina 1 del piso 6. Hasta el 2016, la firma contaba con publicaciones constantes en redes sociales e incluso en revistas, ofreciendo servicios de seguros, inmuebles, rodados y negocios tercerizados. Llamativamente, quedó inactiva todos estos años, hasta que en mayo de 2023 volvieron a aparecer contenidos.
Sus accionistas declarados ante la Abogacía del Tesoro son Luis Adolfo López Gallinar, con el 90% de las acciones, y Fabiana Acosta Cardozo, con el 10% restante.
Su principal accionista, Luis López Gallinar, es a su vez el responsable del proyecto inmobiliario Condominios Campos del Lago, ubicado también en los kilómetros 8 y 9 de Ciudad del Este, según un informe del Mades. En Campos del Lago recientemente se realizó la incautación de una lujosa vivienda propiedad del uruguayo Federico Santoro Vassallo, actualmente recluido en prisión y apuntado como pieza clave de la organización criminal liderada por Sebastián Marset. La vivienda que está en manos de la Senabico, está a nombre de Fausta Rodríguez Florentín. En el edificio Paranaqvia también operaba una empresa perteneciente al esquema de Darío Messer, allanada años atrás.
CON ANTECEDENTES. Entre las empresas de las cuales la ANR no presentó la constancia de persona jurídica se encuentra Las Niñas SA, que fue allanada en el 2017 por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en el marco de una presunta megaevasión de USD 54 millones en Pedro Juan Caballero y Asunción. En el operativo encontraron facturas falsas y clonadas.
Otra de las empresas es la Agroganadera Aguaray SA, denunciada por el Indert en 2013 por apropiarse de 2.491 hectáreas de tierras públicas, valuadas en USD 15 millones. La empresa, propiedad de los brasileños Evaldo Emilio de Araújo y João Geralde, estuvo vinculada a sospechosas prácticas que les permitieron acumular más de 30.558 hectáreas. Otra de las empresas declaradas es VLW SA, oriunda de Mato Grosso, Brasil, que consiguió una licencia ambiental para desmontar 78.549 hectáreas en Puerto Casado.
Estos casos se suman a otras ganaderas que colaboraron con la campaña y vinculadas a casos de evasión de impuestos e incluso con accionistas relacionados con el gobierno.
GRAVES OBSERVACIONES. En la reciente auditoría, la Contraloría también observó varias inconsistencias en la rendición de cuentas de ingresos y egresos de los gastos de campaña de la ANR, relacionados con las elecciones generales.
Menciona, por ejemplo, que donaciones por G. 585 millones no contaban con constancia de persona jurídica, emitida por la SET, y que la planilla de las donaciones por G. 1.546 millones no fue correctamente completada, impidiendo llegar hasta el origen del dinero.
Otra de las inconsistencias observadas indican que facturas presentadas por más de G. 531 millones describen una actividad económica que no coincidía con lo declarado en la SET. Además, facturas por G. 6.898 millones no cumplían los requisitos exigidos. La lista de inconsistencias observadas por la Contraloría también menciona la presentación de comprobantes legales, cuyos números de facturas no corresponden con los números de timbrado de la SET, así como facturas de pagos de servicios de asesorías, capacitaciones, entre otros, sin adjuntar los detalles.
Este artículo es producto del Bootcamp en financiamiento político, datos y elecciones realizado en Ciudad del Este, en alianza con Tedic y Semillas para la Democracia.
Inversión electoral
La ANR en su rendición de cuenta señala que gastó casi G. 28.000 millones en la campaña electoral de la Lista 1 de abril de 2023, esto aparte de los G. 5.573 millones de rendición de gastos que pusieron los propios candidatos. Además se deben adicionar los gastos de los propios candidatos, totalizando la suma de G. 33.327.899.476.
Aparte de todos los documentos y las facturas presentadas que forman parte de la rendición de cuentas del partido, la ANR informó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que cada una de las autoridades electas también ha cumplido con la presentación de la justificación de sus respectivos gastos de campaña. Menciona además que la Lista 1 tuvo ingresos en aportes y contribuciones partidarias por G. 1.607 millones, además de los préstamos bancarios.
