Las críticas a la interrupción rápidamente se hicieron públicas, ya que el plazo de revisión está vigente desde el 13 de agosto de 2023, cuando se cumplieron 50 años de la vigencia del Tratado de Itaipú. Desde ese momento, Paraguay ya podría haber obtenido mayores beneficios; sin embargo, la extensión del periodo de negociación solo beneficia al Brasil. La postergación —señalan las críticas— es funcional a la agenda brasileña que tiene en cuenta los intereses de las grandes corporaciones eléctricas brasileñas compradoras de energía del ente binacional.
El retraso en las negociaciones, que deberían cerrarse con mejores resultados para Paraguay, se da en un contexto de aumento de la demanda de potencia por parte del sistema eléctrico paraguayo, que en los últimos meses llegó al 58% de la disponibilidad que tiene el país en las centrales hidroeléctricas —Acaray, Yacyretá e Itaipú—. Debido a las olas de calor derivadas de la crisis climática se han venido registrado altos niveles de demanda de potencia.
Las olas de calor tienen un importante impacto en la demanda de energía eléctrica, lo que genera presiones en los sistemas de suministro y distribución de electricidad y, por supuesto, mayores costos.
Los datos de la ANDE indican que entre enero de 2024 y el mismo mes en 2025 hubo un aumento del consumo del 11% en el primer mes de 2025. Además, el consumo de energía durante el año pasado se triplicó con relación a las previsiones de la ANDE. La entidad tenía registrado un promedio de 6,5% de aumento anualmente en la última década, pero en el 2024 la demanda fue superior al 18,4% en comparación con el 2023.
En paralelo al conflicto, se integró la Comisión Especial de Entes Binacionales con senadores para el estudio y seguimiento de las negociaciones sobre la revisión del Anexo C. Esta comisión también fue duramente cuestionada. La mayoría de sus miembros no tienen formación para asuntos de energía ni en Administración Pública. A ello, se agrega que varios de ellos tienen serios antecedentes por presunta corrupción.
Las críticas apuntaron principalmente a un senador que nunca pudo demostrar que asistió a una universidad, luego de ser denunciado por tener un título falso de abogado, además presentar dificultades para la lectura, y contra otro senador que está procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
Poco favor le hace al Gobierno este conjunto de hechos —postergación de la negociación, crisis climática, conformación de una comisión poco confiable— al proceso de negociación del Anexo C, ya que unidos determinan desconfianza en la gestión gubernamental y altos niveles de malestar debido a la mediocre gestión del servicio público de energía eléctrica. Otras consecuencias están implícitas, como los obstáculos para el aumento de la producción y productividad en un país donde el crecimiento económico está teniendo cada vez menores efectos microeconómicos.
El Gobierno debe entender que no puede retrasar el desarrollo energético del país cuando se enfrenta a un problema en particular. Para eso, cuenta con gran cantidad de ministerios y altos funcionarios bien remunerados que deben ser capaces de afrontar las emergencias sin detener las reformas estructurales que requiere el país.
