Uno de los tópicos instalados últimamente en la opinión pública con más fuerza es la intención de Santiago Peña y equipo de aplicar el bisturí en la propia organización del Estado, con impulsos y decisión a tambor batiente para que a nivel legislativo se brinden las bases hacia la nueva conformación de entes, muchos de ellos a ser fusionados y con una orientación que se pretende más eficiente, pero que generan dudas de otros actores, y para lo cual ni se planteó la posibilidad de audiencias o socialización hacia todos los sectores.
Amparados en la mayoría parlamentaria, los referentes del cartismo y los satélites de otras facciones encaminan los proyectos raudamente y casi sin interferencias; primero para establecer la nueva estructura de lo que será el Ministerio de Economía y Finanzas, para después abordar la reoganización casi completa del aparato estatal, desde luego colapsado y burocrático, pero que no mereció hasta ahora un debate más amplio para conocer otras voces. En cuestión de días se da vuelta la tortilla y la aceptación debe ser incondicional, ya que el contrapeso opositor aparece solo en los papeles.
Casi treinta y cinco instituciones están bajo la lupa de los asesores del Ejecutivo que se instala en la fecha y se encuentran manifestadas en un proyecto de ley, que busca fusionar bajo varios paraguas a entidades afines o relacionadas, con el objetivo de que no prevalezca la superposición de funciones y la gobernanza resulte más ágil, dinámica y el despliegue de responsabilidades esté acorde con los organismos modernos que sostengan un Estado más eficiente.
Parte del funcionariado público ya salió a protestar a las calles, esgrimiendo que no hubo consulta previa y temerosos de que el Frankenstein actual se convierta en otro similar, pero con distinta fisonomía, y que con ello pierdan ciertas prerrogativas o beneficios ya adquiridos. En tanto que algunos analistas observan la intención con mucha cautela, porque se trata de imprimir una transformación traumática en tan poco tiempo y sin el diálogo necesario con las partes afectadas.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppHay mucha tela aún por cortar en este dilema, a pesar de que la mayoría oficialista en el Congreso seguirá buscando sacar del horno las normativas en tiempo récord y a medida, minimizando el debate y aplicando lo que ya se decidió: trabajar menos días, al adelantar las sesiones a los miércoles, con lo cual luego ya disminuirá la producción parlamentaria, con el fin de amainar las posibilidades de discusión en torno a cuestiones álgidas y candentes.
Mientras tanto, la demanda social continuará con su efervescencia, dentro del cóctel de necesidades acuciantes, como la aspiración a un transporte público de calidad (nunca solucionado por el gobierno anterior), la dosis más justa que permita a la población gozar de mejor salud física y mental, el derrotero en mejores condiciones del sistema educativo atrasado en décadas (y que recibió una reciente estocada con la derogación de una donación exterior por la que miles de niños quedarán sin almuerzo escolar y kits muy necesarios), además del mejoramiento en la calidad de vida.
Todo parece transcurrir para que se genere, finalmente, una crispación generalizada, ante tanto abandono y desorientación desde las esferas del poder, cuyas prioridades descansan en la repartija de cargos con salarios de primer mundo y tiroteos varios que desvían la atención de los tópicos urgentes que el país requiere para gozar de un mejor destino.
La población aguarda respuestas rápidas ante su agobiada cotidianidad. Dependerá de esta nueva Administración calibrar lo macro con la microeconomía y mirar más a la gente, para no elevar más la vara del trauma que, agazapado, le espera.
