José Miguel A. Verdecchia
Sociólogo e investigador
En nuestro país el sistema universitario está conformado por un conjunto de instituciones en el que confluyen las universidades, el MEC y el Cones.
Este sistema en la actualidad se encuentra atravesando un momento crítico de su desenvolvimiento como consecuencia de una diversidad de situaciones a las que en entregas anteriores nos hemos referido, las que hoy se ven agravadas con la presentación del MEC a la Cámara de Senadores de un anteproyecto de modificación de la Ley 4995 por medio del cual pretende asumir el control del Cones, el espacio institucional en el que tiene lugar el relacionamiento entre el mundo académico constituido por las universidades y el ámbito político representado por el Ministerio de Educación y Ciencias.
Para un adecuado análisis de esta pretensión del MEC y del sentido de su presencia en el Cones, consideramos oportuno formular algunas precisiones que pueden ayudar a la comprensión del problema.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn este sentido, una primera consideración hace referencia a la necesidad de dejar en claro lo que es la institución universitaria.
Numerosas son las definiciones de Universidad que se encuentran en la literatura académica. De todas estas tomaremos una por ser la que más se adecua a los propósitos de esta discusión.
Según esta definición, la Universidad es una institución de educación superior autónoma, pluralista y democrática, cuya finalidad es producir, preservar y transmitir el conocimiento humano para ponerlos al servicio de la sociedad. Esta finalidad, que la materializa a través del trabajo de la comunidad universitaria, es la misma que la identifica desde su nacimiento hace más de 5 siglos. Es por ello que, con justa razón, se afirma que la Universidad es la casa de la Ciencia.
La producción de conocimientos, una de las tareas centrales de la Universidad, requiere un tratamiento metodológico objetivo y riguroso de los hechos, libre de contaminaciones ideológicas o partidarias y de prejuicios que puedan enturbiar la observación y la comprensión de los fenómenos.
Sin embargo, esta ausencia de valoraciones sociales y la rigurosidad del método científico en el tratamiento de los hechos, no significa que la universidad viva en una burbuja aséptica. Ella es parte de un todo social que la condicionada y le exige compromiso.
Pero, ¿qué significa este condicionamiento y compromiso de la universidad con su sociedad? Lejos de ser un sometimiento a las políticas públicas establecidas por las autoridades que circunstancialmente detentan el poder, de lo que se trata es del imperativo del desarrollo de sus funciones genuinas, tomando como ejes transversales de su quehacer las carencias sociales, las limitaciones del desarrollo cultural, científico y tecnológico de la sociedad, así como las políticas públicas.
En su integración al todo social, la universidad es parte del sistema educativo cuya rectoría, por mandato constitucional, corresponde al MEC. En este sentido, el MEC es la institución del Estado responsable de la política pública en el campo educativo, parte del cual es el sistema universitario. Sin embargo, al buscar dilucidar las implicancias de esta rectoría con respecto a la educación superior, se entra en un terreno fangoso que es necesario sortear, ya que la misma normativa también otorga rango constitucional al principio de la autonomía universitaria.
En este contexto, ¿cuán involucrado puede estar el MEC en los asuntos que conciernen a las instituciones universitarias? Una respuesta posible a esta pregunta puede darse apelando a un análisis de la naturaleza y las funciones de cada una de estas instituciones.
En el caso del MEC se trata de una institución de naturaleza político-administrativa, responsable del sistema educativo y como tal, dependiente de la orientación proveniente de los grupos políticos hegemónicos que controlan el poder en un momento determinado. La naturaleza política de la institución hace que la propia política pública (la educativa en este caso) se defina como algo voluble que está sujeto a la ideología y a los intereses de los grupos dominantes de turno.
Esta naturaleza política del MEC nos lleva a una nueva pregunta: ¿Puede la política educativa de base político-ideológica marcar el itinerario del sistema universitario, estando este conformado por instituciones comprometidas con la ciencia? Categóricamente no. Aceptar esta posibilidad sería equivalente a redefinir a la universidad en términos de una institución abocada a la producción y a la transmisión de una determinada ideología, confinándola a la condición de un operador político más.
Sin embargo, y a pesar de la naturaleza distinta de ambas instituciones, ellas están llamadas a interactuar en busca de fórmulas que les permita cumplir sus funciones sin interferir en sus respectivos cometidos. En nuestro país ese espacio de interacción institucionalmente establecido es el Cones.
En la relación entre la universidad y el MEC, el Cones debe ser el puente entre la ciencia y la política pública, donde la presencia del MEC debe buscar transmitir a la universidad los objetivos y las estrategias de la política educativa, proponer una reflexión sobre ellas desde el punto de vista académico y buscar puntos de posibles acuerdos que no desnaturalicen las funciones de ambas.
De darse las condiciones, la universidad puede colaborar con la política pública por diversos caminos, ya sea orientando su tarea investigativa hacia temas sensibles de las mismas o ampliando su oferta de formación hacia áreas que sean relevantes para ejecución de sus programas y proyectos, pero no sometiéndose a ella.
En este escenario, recientemente el MEC ha presentado a la Cámara de Senadores un anteproyecto de ley que busca cambiar la naturaleza del Cones y su conducción.
Un análisis somero de la propuesta permite observar que en los fundamentos del anteproyecto de ley no se hace mayores referencias a los problemas reales del Cones, como tampoco a aquellos que dan origen a la propuesta; es decir, no habla de por qué es necesario que el MEC asuma la conducción del Cones como tampoco de lo que se espera resolver con su designación en la presidencia del Cones. Los antecedentes del proyecto expuestos curiosamente sirven más para justificar un pedido de ampliación presupuestaria antes que para fundamentar los cambios que propone.
En cuanto a las modificaciones, la propuesta incluye dos cambios en la ley; el primero, que modifica la naturaleza institucional del Cones y el segundo, que atribuye al MEC su presidencia.
En el primer caso, la propuesta consiste en definir al Cones como un órgano consultivo; es decir, como un organismo cuya función es proporcionar a la autoridad política opiniones fundadas para ayudar en los procesos de toma de decisión.
Sin embargo, si se analizan las funciones que la actual ley asigna al Cones se observa que además de ese carácter consultivo, también cuenta con algunas competencias ejecutivas, ya que por sí mismo puede tomar decisiones importantes tales como la clausura de filiales y carreras universitarias.
Aprobar esta norma lo único que haría es agregar nuevos motivos para dilatar judicialmente la vigencia de las resoluciones del Cones.
Y el segundo cambio, que es en el que se muestra la verdadera intención del MEC, se refiere al control institucional del Cones que desea para sí, tal como está aconteciendo en otras instituciones que deberían manejarse con independencia del poder político.
A nuestro modo de ver, pretender que una institución de naturaleza política como lo es el MEC dirija una instancia académica como lo es el sistema universitario, es un despropósito que deja entrever un claro corte autoritario, más propio de un proyecto de cooptación política antes de que de un proyecto de mejoramiento del sistema de la educación superior. Aquí cabe preguntarse: ¿En qué puede cambiar el desempeño del Cones si el MEC asume su presidencia?
En este sentido, viene a cuento recordar la declinación de la ministra Marta Lafuente para asumir la presidencia del Cones que le ofrecieran en su reunión inaugural, señalando que el MEC, por su función de administradora de la política educativa, no debería asumir un papel que corresponde a la academia. Sin embargo, parece que este razonamiento hoy ya no corre ante un posicionamiento que propone justamente lo contrario.
Lo que debe quedar en claro es que el problema del Cones es mucho más complejo que el mero control político de la institución por el MEC.
Finalmente, no cabe, sino expresar la alarma que produce la despreocupación de la comunidad académica ante este tema ya que con su silencio, una vez más, se estará haciendo cómplice de un nuevo atropello a la institucionalidad del sistema universitario
*El propósito de estas notas es aportar elementos que puedan alimentar una discusión que la comunidad universitaria y la sociedad deben tomar con suficiente seriedad sobre la revisión de la estructura del Cones, dados los riesgos que conllevan dejar su tratamiento solamente en manos del Congreso.
