El dictamen del cirujano general Vivek Murthy es el primer informe importante sobre la violencia armada elaborado por su oficina, que tiene autoridad limitada, pero desempeña un papel importante en cuestiones de salud pública.
“La violencia con armas de fuego es una crisis urgente de salud pública que ha provocado la pérdida de vidas, un dolor profundo e inimaginable para demasiados estadounidenses”, dijo Murthy en un comunicado.
“No tenemos que continuar por este camino y no tenemos que someter a nuestros hijos al horror de la violencia con armas de fuego. Todos los estadounidenses merecen vivir libres de la violencia con armas de fuego, así como del miedo y la devastación que esto trae”, aseveró.
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El informe cita datos gubernamentales y de otro tipo que muestran que Estados Unidos es un país atípico en cuanto a muertes y lesiones por armas de fuego, especialmente entre niños.
En los últimos años, las armas de fuego se han convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 1 a 19 años, por encima de los accidentes de tránsito, según el informe.
En 2022, 48.204 personas murieron como consecuencia de las armas de fuego, incluyendo suicidios.
“Se necesitará el compromiso colectivo de nuestra nación para cambiar el rumbo de la violencia con armas de fuego”, dijo Murthy, al pedir inversiones en investigación, programas de educación comunitaria, apoyo a la salud mental y controles más estrictos en la compra de armas.
Un informe similar sobre el tabaco en la década de 1960 se considera como un primer paso clave para alertar sobre su peligro, lo que en última instancia condujo a nuevas regulaciones y una fuerte caída en el consumo.
“El costo colectivo de la violencia armada en la salud mental de nuestra nación es inmenso”, escribió Murthy en la red social X. “El trauma y el dolor que tantos estadounidenses experimentan por las lesiones y muertes relacionadas con las armas ya han tenido graves consecuencias”.
“Se trata de una crisis de salud pública evitable”, pero “nuestra incapacidad para abordarla es una crisis moral”, afirmó, pidiendo que se actúe con “claridad, valentía y urgencia”.
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Sus recomendaciones incluyen un almacenamiento más riguroso de las armas, la verificación generalizada de los antecedentes de los compradores, la confiscación de las armas de personas peligrosas, como cónyuges violentos, y la prohibición de los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad.
Estas medidas, apoyadas desde hace tiempo por el presidente demócrata Joe Biden, requieren un acuerdo político en el Congreso antes de que puedan aplicarse a nivel federal.
Los republicanos se oponen en gran medida a las regulaciones basándose en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a poseer armas de fuego.
“A mis colegas republicanos: vengan a la mesa de negociación y trabajen con nosotros para aprobar una ley que ayude a salvar vidas”, dijo el martes el influyente senador demócrata Dick Durbin.
El influyente lobby armamentista, la NRA, se apresuró a denunciar el informe como “una extensión de la guerra de la administración Biden contra los propietarios de armas respetuosos de la ley”.
“Estados Unidos tiene un problema de delincuencia causado por delincuentes”, afirmó el director ejecutivo de la organización, Randy Kozuch.
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Durante la inauguración de un centro de análisis balístico en Cleveland, Ohio, el fiscal general Merrick Garland dijo el martes que desde la aprobación hace dos años de la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras -que introdujo nuevas restricciones sobre las armas- se habían frenado 800 compras de armas de fuego “por parte de jóvenes que tienen prohibido legalmente obtener armas”.
Garland también afirmó que el Departamento de Justicia había publicado ese día una norma final provisional que permitía a los vendedores de armas comprobar en una base de datos del FBI si las armas de fuego que les vendían habían sido denunciadas como robadas.
Sin embargo, dichos controles siguen siendo voluntarios, afirmó el Departamento de Justicia.
Fuente: AFP
