27 abr. 2025

Restitución de fueros es un serio precedente contra la Constitución

Cuando la Cámara de Senadores de manera insólita decidió restituir los fueros a senadores que están siendo procesados, cruzó una línea demarcada por la Constitución Nacional. La figura del desdesafuero no existe. Ahora, decidieron dejar sin efecto aquella resolución, cuando diversos sectores de la sociedad ya les habían advertido que era inconstitucional, y atentaba contra la independencia de los poderes. Es inaceptable que la arrogancia de una mayoría, y su borrachera de poder pongan en jaque a nuestra democracia.

La mayoría cartista del Senado, una mayoría conformada también por opositores que cambiaron de bando, tomó hace unas semanas una muy mala resolución: Se dejó llevar por la arrogancia que les da el poder absoluto y ebrios de poder cruzaron una línea que nada menos que la Constitución Nacional establece.

Fue una decisión sin precedentes que ha puesto contra las cuerdas al sistema democrático.

En diez minutos aprobaron el proyecto de resolución: “Por el cual se dejan sin efecto las resoluciones 48, 433 y 313, dictadas por la Honorable Cámara de Senadores, y rechazar el oficio 14 del Poder Judicial, Tribunal Unipersonal de sentencia 27”, un proyecto que fuera presentado por la bancada cartista.

Antes de votar fueron advertidos que debían consultar antes de cometer una barbaridad, así como que el hecho de que no tenía precedentes. La respuesta de los senadores fue que volverían a volver a desaforar a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola cuando el ex presidente de la República Mario Abdo Benítez fuera desaforado.

En julio del año pasado, la Cámara de Senadores dejó sin fueros a Erico Galeano (ANR) para que se sometiera a la Justicia tras ser imputado por lavado de dinero y asociación criminal. En las investigaciones realizadas en el operativo A Ultranza se descubrió que un inmueble suyo fue presuntamente utilizado para simular una compraventa, cuyo dinero provino del crimen organizado. Existen además sospechas que una aeronave suya habría sido usada, al menos, cinco veces para el traslado de cocaína. Los viajeros fueron Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González. Todos ellos están imputados en la causa A Ultranza. El Ministerio Público presume que Erico Galeano estuvo al servicio de la organización también lavando dinero a través de la Cooperativa Capiatá, donde, supuestamente, realizó 17 préstamos por un total de USD 6 millones, los cuales retornó, llamativamente, en uno o dos pagos.

En octubre del año pasado, el senador por el Partido Democrático Progresista, Rafael Filizzola, fue desaforado para ser investigado por lesión de confianza junto a otras cinco personas por el caso de unas obras en comisarías en Asunción que, supuestamente, causaron un perjuicio al Estado durante su gestión como ministro del Interior.

En cuanto al senador Hernán Rivas (ANR) fue desaforado en febrero pasado, tras ser procesado por el Ministerio Público por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en la causa por presunto título falso. La Fiscalía sospechaba que Hernán Rivas presentó un certificado de estudios y su título como abogado, aparentemente falsos, para jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después de esto, fungió como juez de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) como representante de Diputados, primero, y del Senado, después.

La mayoría del Senado tomó una decisión no solamente insólita, sino que además rozaba lo inconstitucional. Otro elemento de suma gravedad a la disposición es que con ella sabían que podían interferir en un proceso penal en curso, lo cual claramente atenta contra la independencia de los poderes.

En una democracia popularmente se dice que manda la mayoría. Sin embargo, una mayoría como la que alcanzó el Partido Colorado en las últimas elecciones no es un permiso para atropellar la Constitución y el Estado de derecho. Paraguay necesita gobernantes que respeten las reglas del juego democrático y nuestra Carta Magna es un pacto social de convivencia democrática, no un accesorio que se puede reemplazar.

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