Varios fueron los que mencionaron esa posibilidad, pero los números no están asegurados, al menos mientras el cartismo siga apoyando a Marito. El bloque del ex presidente Horacio Cartes goza de una cómoda mayoría en Diputados, que es donde se debe iniciar el proceso.
INTERPELACIÓN. Por su parte, la bancada de Hagamos prefirió ser más cautelosa y optó por sugerir una interpelación a Juan Ernesto Villamayor para que explique el papel que tuvo dentro de las negociaciones con PDVSA.
Aunque en un comunicado el Frente Guasu exige explicaciones, su líder Jorge Querey lanzó el desafío al cartismo y a su colega Sergio Godoy para que impulse el juicio.
A través de su cuenta en redes sociales, el luguista sacó en cara al movimiento Honor Colorado de haber salvado el pellejo a Marito, a cambio de acuerdos de conveniencia.
Esperanza Martínez, de la misma bancada que Querey, alegó que ahora se entiende la férrea defensa del mandatario al “nefasto” de Juan Guaidó. Fue mucho más realista cuando opinó que no hay seguridad sobre los números para un juicio político.
Indicó que se convirtió en un deporte del cartismo involucrar al Frente Guasu en cualquier tipo de denuncias.
Hugo Richer, del mismo bloque, consideró que hay cosas muy llamativas, pero que no termina la responsabilidad del gobierno de Abdo con el hecho de que no se haya concretado la operación. “Lo que el Gobierno debe hacer es mostrarnos toda la información y la documentación que posee”, señaló. “El único interés pudo haber sido recibir los beneficios”, cuestionó el senador, y trató de “fantasma” a Guaidó.
Stephan Rasmussen, de Patria Querida, opinó que es un cáncer para el país que una mayoría de la clase política haga negocios para intereses personales. Sostuvo que quedó demostrado que ni la Justicia ni la Fiscalía funcionan, poniendo como ejemplo el caso de Óscar González Daher.
“Lo peor de todo es que las personas que están en los altos cargos hacen la vista gorda, entonces eso da un mensaje muy fuerte de que la corrupción se tolera”, increpó.
Manifestó que las instituciones tienen que funcionar, y que eso solo será posible cuando “las personas que actúan y obran por fuera de la ley vayan presas y paguen las consecuencias de sus actos”.
El liberal Enrique Salyn Buzarquis alegó que no confirman ni descartan la posibilidad de un juicio a Marito, pero que necesitan toda la información posible.
Zulma Gómez, quien responde al sector llanista del PLRA, considera grave la denuncia y sugiere la intervención del Ministerio Público y también de la Procuraduría. “El presidente de la República está obligado a dar explicaciones sobre el tema. Villamayor es su mano derecha”.
“El Ministerio Público debe intervenir de oficio, como también el procurador para ver el probable daño patrimonial al Estado”, sentenció.