Imputado por el delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, el exteniente coronel de Carabineros de Chile -la policía militarizara del país suramericano- pasará de la prisión a la firma quincenal y el arraigo nacional, según la Corte de Apelaciones de Santiago.
Meses antes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y el mismo Tribunal de Alzada rechazaron la solicitud de la defensa del expolicía, y confirmaron entonces la prisión preventiva en diciembre de 2020 y en abril de este año.
“Esta es una noticia que nos golpea bien duro a mí y a mi familia ya que realmente él quedó en libertad, ni siquiera con arresto domiciliario”, señaló Gatica en un comunicado público difundido a través de redes sociales.
El tribunal “determinó que no es un peligro para la sociedad y eso me lo cuestiono mucho ya que yo y mi familia y cercanos sí nos sentimos vulnerados por él y que es un peligro para la sociedad (...) Espero que la justicia pronto actúe como corresponde” agregó el joven.
El caso de Gustavo Gatica dio la vuelta al mundo y provocó duras críticas de diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU y Amnistía Internacional, que denunciaron el elevaron número de mutilados oculares registrados en las marchas que estallaron en el país suramericano.
En su informe anual de 2020, Amnistía Internacional insistió en la crisis de derechos humanos que se vive en Chile, destacando el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del estado y la represión a la disidencia, entre otros aspectos.
Las multitudinarias protestas, que tuvieron su auge a fines del año pasado, continúan en Santiago, esta vez con concentraciones en el centro de la capital chilena.
El estallido social, que comenzó el pasado 18 de octubre de 2019 y que se pausó con la llegada del coronavirus el pasado mes de marzo, supuso la mayor crisis social desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dejó una treintena de muertos y miles de heridos.