Sin embargo, el fiscal Osmar Legal solicitó al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, el rechazo de la pretensión de la defensa, teniendo en cuenta que ellos ofrecen abonar la suma de G. 8.900 millones, solo el 13% de los G. 70.000 millones que la Fiscalía entiende que deben ser.
En la audiencia, la defensa también requirió que se levante el embargo, para el pago de los impuestos ante la Subsecretaría de Estado de Tributación y para el pago de los honorarios de los profesionales abogados. También pidieron la exclusión de varias pruebas y la inclusión de otras.
El fiscal pidió el rechazo de todos los incidentes salvo la inclusión probatoria. El juez dispuso un cuarto intermedio, con lo que esta prosigue hoy a las 10:30.
Esta mañana, el abogado Carlos Arévalos, por la querella, deberá contestar y luego el juez resolverá.
