Durante el acto de egreso de 5.000 nuevos suboficiales ayudantes de la Policía Nacional, el titular del Ministerio del Interior dialogó con los medios y fue consultado sobre la firma que lleva la nueva nota que se envió desde el Gobierno de Paraguay a la DEA.
“La carta firma el responsable de la Senad”, afirmó refiriéndose al ministro Jalil Rachid, quien había cursado la primera nota el 6 de diciembre.
Enrique Riera trató de justificar al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, quien se encuentra en la cuerda floja y adelantó que no renunciaría a su cargo, ya que la decisión la había tomado con pleno conocimiento del presidente de la República, Santiago Peña.
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“El presidente acostumbra a acompañar nuestras decisiones. Tiene mil decisiones. Faltó mas información, más contexto, más conocimiento. Entonces, cuando uno comete errores, cuando uno tiene un equipo, algunos pensamos de una forma, otros de otra. (Rachid) Tiene la obligación moral de revaluar su decisiones y pagar el costo, si hay que rectificar el rumbo”, reforzó.
El ministro del Interior había encabezado una conferencia de prensa al día siguiente de la publicación de The Washington Post sobre el corte de cooperación por parte de Senad, y en su momento acompañó el argumento de cortar relaciones para “potenciar” la cartera y redireccionar SIU únicamente a la Policía Nacional.
Pero el Gobierno entró en crisis con dicha decisión tras recibir la contestación de la DEA a la primera nota de Rachid, puesto que estipuló como fecha para el retiro del programa SIU el 5 de marzo de 2025, recuperando todos los equipos que donó y compró para el funcionamiento de dicha unidad.
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Por este motivo enviaron una nueva carta para revertir la anterior, abrir una mesa de negociación y ratificar plenamente el acuerdo de entendimiento que firmaron Senad y DEA en 2022, pero incluyendo a Seprelad.
“La intención siempre fue mejorar la cooperación. Quizás el lenguaje no es el mejor. No existe la posibilidad de que la Senad funcione sin la DEA”, espetó.
Enrique Riera sostuvo que pudo haber sido consecuencia de un error de comunicación la decisión que tomó en principio el ministro Jalil Rachid.