La cantidad de solicitudes de aumentos tanto para ampliaciones presupuestarias en 2022 como de incrementos al proyecto de presupuesto están llevando a este importante instrumento de la política fiscal a una situación de insostenibilidad económica.
Si bien la responsabilidad final está en el Congreso, la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo también es evidente. Desde la máxima autoridad política deben frenarse las solicitudes de autoridades que responden a la actual gestión gubernamental e impulsarse una cumbre con el resto de los poderes para darle racionalidad al diseño presupuestario.
Los políticos de los tres poderes del Estado están usando el presupuesto para ganar votos y recursos que financien sus campañas.
El bienestar de la ciudadanía parece totalmente ausente en esta puja por quién se queda con más recursos.
Alguna alta autoridad debe impulsar un freno al desquiciado afán de apropiarse de bienes públicos. Es necesario blindar el presupuesto y plantear un acuerdo político no solo en temas , sino también en otros ámbitos relacionados con el financiamiento político y el clientelismo y prebendarismo.
El problema no es solo público. En esta carrera por conseguir fondos también hay un sector privado comprometido con el financiamiento político que recupera su aporte gracias a los contratos públicos. La alianza público-privada, en este caso, no es para mejorar los servicios públicos, sino que busca financiar campañas con fondos públicos adicionales a aporte que ya realiza el Estado a los partidos políticos.
El presupuesto público ya tenía problemas importantes que requerían una reforma estructural.
Ni las autoridades políticas ni las económicas se animaron a proponerle a la ciudadanía y al Congreso estas reformas. Por lo tanto, antes de la escandalosa situación que se está dando actualmente ya era un instrumento que no reunía los requisitos que garantizaran un aporte sustancial al bienestar de la población. Los demostró la pandemia.
Los salarios, los beneficios y los incentivos no están alineados a las competencias, responsabilidades y resultados. Ante una carrera del servicio civil casi inexistente, el compromiso de los recursos humanos con los planes institucionales es bajo y se rinde al oportunismo político, el tráfico de influencia o el poder de turno.
El sistema de contrataciones públicas da muestras de un cada vez mayor deterioro si se tienen en cuenta la escasa competencia entre los proveedores y todos los casos de sobrecostos y mala calidad de los bienes y servicios adquiridos.
La gestión de los contratos es otro de los problemas graves, vinculado al problema anterior de la falta de una carrera del servicio civil y de funcionarios que hagan cumplir las normas.
Paraguay está en un momento de inflexión en el que o cambiamos para mejorar o llevamos el país a la quiebra y su población estará condenada al deterioro de su calidad de vida que ya está entre los más bajos de la región.
Es urgente ponerle límites al irracional comportamiento de quienes están en el poder.
El presupuesto público no solo es importante por su rol instrumental, sino fundamentalmente porque el proceso de aprobación es el reflejo del interés o no de quienes se deben a la ciudadanía, tanto desde los cargos de representación como desde las funciones técnicas.
La legitimidad de la política se pone en riesgo cuando las decisiones que se toman van en contra de la ciudadanía.
