El año 2023 plantea un gran desafío para el país. Paraguay está inmerso en una serie de problemas en los que el Estado debe tener una acción contundente para reducir al mínimo las consecuencias negativas y crear las condiciones para salir de aquellos en los próximos años.
La situación actual no es coyuntural ni se originó con la pandemia. Desde hace unos años atrás se venía observando la ralentización del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza. La caída de los ingresos laborales reales se inició en 2015, así como el deterioro de algunos indicadores del mercado de trabajo.
Hay que aclarar que este lento empeoramiento se produce desde un punto de partida sumamente desfavorable. Nunca logramos reducir a menos del 25% la pobreza, un amplio sector de la población –alrededor del 40%– viviendo en condiciones sumamente precarias y con riesgo de caer en pobreza, 65% de informalidad y sin acceder al salario mínimo.
No habíamos logrado niveles mínimos de desarrollo y bienestar, cuando empezó el retroceso, acelerado por la pandemia. La vulnerabilidad con que nos encontró la misma nos ubicó en un escenario sumamente adverso en la economía y la salud, hoy agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Una estructura económica basada en la producción y exportación de bienes agropecuarios con bajo valor agregado nos vuelve altamente vulnerables a la crisis climática, que también muestra sus efectos cada vez seguidos en el tiempo. Si hasta el pasado reciente los eventos importantes como sequías, olas de calor o lluvias intensas y fuera de temporada ocurrían en lapsos de 7 a 9 años, hoy están ocurriendo cada tres años.
De esta manera, la economía se presenta cada vez más vulnerable y volátil, exigiendo políticas para suavizar los ciclos económicos y crear las condiciones para la resiliencia, tanto a nivel macro como a nivel micro.
La política fiscal es el principal instrumento para lograr este importante objetivo, pero ello requiere como primera condición indispensable un presupuesto equilibrado y con objetivos y medidas claras en tal sentido.
La pandemia fue contundente en la señal que nos dio. El escaso empeño puesto durante décadas en el financiamiento a la salud derivó en un enorme endeudamiento y en una paralización económica debido al miedo de la población y a la pérdida de días laborales por los contagios masivos. Si bien conocemos el monto de la deuda, no hay cálculos sobre el costo que tuvo la pandemia en el sector económico debido a la falta de un buen sistema de salud y a la tardanza en la llegada de las vacunas.
Las diversas propuestas que se están planteando y las demandas que se vienen, aprovechando el año preelectoral y el prebendarismo político/partidario históricamente utilizado para ganar votos, ponen en riesgo el Presupuesto Público como principal instrumento de la política fiscal.
El Presupuesto público debe reflejar las prioridades y los intereses de toda la Nación. Muchos de los problemas que enfrenta no son coyunturales y acaban afectando la capacidad de financiamiento de otras políticas y al largo plazo. El ejemplo más vivo es el déficit de la Caja Fiscal.
La ciudadanía espera racionalidad y equidad en el manejo presupuestario. Salir de la crisis exige soluciones para toda la población y no solo para unos cuantos que, por su cercanía a los políticos, terminan beneficiándose a costa del resto.
