La magnitud de la reacción ciudadana tras las elecciones, que ha salido a las calles en protesta por el supuesto fraude electoral, resulta para ciertos sectores de la sociedad una sorpresa; la reacción sin embargo no debería causar gran asombro. Después de todo, este es un país con una pesada deuda social: 26 de cada 100 paraguayos se vieron afectados por inseguridad alimentaria moderada o grave durante los últimos 12 meses; y un 5,6% sobrevive en la extrema pobreza, se mantiene con 2 dólares al día. Este es el país en el que los jóvenes no acceden a una educación de calidad, ni a salud pública, sin un empleo formal y sin seguridad social.
Un día después de las elecciones –en las que el Partido Colorado fue ganador, quedándose con todos los espacios de poder– Paraguayo Cubas, ex candidato a la presidencia, llamó a manifestarse por un supuesto fraude electoral.
Las históricas demandas sociales ya estaban, pero faltaba la motivación. Es por eso quizás que en las primeras horas de la protesta la multitud, prácticamente autoconvocada, bloqueó calles, rutas y avenidas, atacó ambulancias y enfrentó en varias ocasiones a la Policía Nacional. Como resultado inmediato se sabe de más de un centenar de detenidos y decenas de personas que muy rápidamente han sido imputadas por perturbación a la paz pública y otros hechos punibles.
Sobre los detenidos y las condiciones en las que se encuentran se ha elevado la voz de alarma, considerando las denuncias por la violencia de que fueron objeto por parte de la policía, y las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. Se denunció que hay personas lastimadas que no han recibido atención. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) señaló su preocupación por el actuar de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal de Justicia Electoral, ante las manifestaciones; y reiteraron que el “ejercicio del derecho a la manifestación y protesta es legítimo y debe ser asegurado por las instituciones del Estado”.
Afirman que “La Policía Nacional ha reprimido sin criterios y sin respetar su normativa interna de uso legal de la fuerza. Se realizaron detenciones masivas sin determinar las conductas o responsabilidades de cada una de ellas, inclusive varias personas que manifestaron siquiera haber participado en las protestas”. Sostienen que el Ministerio Público legitimó detenciones masivas, sin los requerimientos legales mínimos, solicitando en casi todos los casos la prisión preventiva.
Paraguay no puede retroceder a los años de la dictadura, cuando estaban absolutamente prohibidas la libre expresión y protesta ciudadanas. No podemos permitir que, como antes, sea utilizada la Justicia como un garrote.
Resulta arbitrario repartir detenciones e imputaciones a mansalva para algunos, mientras la Policía Nacional es incapaz de hallar a la empresaria Dalia López, prófuga de la Justicia desde marzo de 2020. Recordemos que el asesinado fiscal Marcelo Pecci había dicho que la empresaria tiene un poder que supuestamente sobrepasa la capacidad de búsqueda de la Policía Nacional, por lo que aún no puede ser hallada.
En un estado de derecho las reglas son iguales para todos y su aplicación también. Nos encontramos en un peligroso momento de regresión hacia las peores prácticas de la dictadura stronista, tan reivindicada por el presidente electo Santiago Peña, donde la máxima aplicada era siempre: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”.
No debemos ceder espacios ciudadanos conquistados; debemos defender nuestra democracia, respetando el derecho a la protesta y defendiendo una Justicia igual para todos.
