El magistrado indicó que pedirá la certeza constitucional, como decisión luego de conversar con sus asesores, porque el hecho de que constantemente haya rumores de que tiene intenciones de operar en una campaña electoral hace mal al sistema.
Alegó que ya hay una jurisprudencia sólida de la Corte para la inamovilidad de los ministros. Igualmente, aclaró que no pretende quedarse hasta los 75 años en el cargo.
Ríos proviene del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que representó como senador antes de ser ministro de la Corte. Sostuvo que no recibió ninguna propuesta formal para ser candidato, pero siempre hay comentarios en diferentes espacios, como en las reuniones con sus colegas, y se ve obligado a aclarar la situación, señaló en contacto con la 1000 AM.

“Ahora llega un momento en que realmente me preocupa porque no hace bien al sistema que se maneje este tipo de rumores, porque cualquier medida, voto o cualquier actitud que tenga como ministro de Corte, se puede interpretar como algo no eminentemente jurídico-institucional, sino como parte de una eventual, supuesta, probable campaña electoral y eso es malo para el sistema”, subrayó.
Ríos insistió en que no tiene interés de utilizar el espacio del Poder Judicial como una plataforma electoral.
En julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró la inamovilidad y estabilidad de un grupo de jueces, fiscales y defensores públicos hasta los 75 años, luego de que hayan sido confirmados por dos periodos más para los cuales fueron elegidos.
Entre los fiscales están Diego Zilbervarg, Federico Delfino, José Luis Casaccia, Liz Cowan, Humberto Rosetti, Monalisa Muñoz, Mercedes Caniza y Celso Morales.
El artículo 252 de la Constitución Nacional sobre la inamovilidad de los magistrados, indica que son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el que fueron nombrados.
Hay varias corrientes políticas sobre el tema, que rechazan que los magistrados tengan que declararse inamovibles, y defienden los recambios cada cinco años.
Los defensores en contrapartida señalan que la inamovilidad es una forma de que los ministros puedan apartarse del poder político, ya que no tienen que depender de una elección de este sector en cada final del periodo y pueden ser independientes.
El juicio político, en tanto, sí fue y sigue siendo una herramienta de destitución.