Luego de cinco años de eludir los controles de la Contraloría General de la República, finalmente, el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, romperá con las trabas y permitirá que el Ministerio Público sea auditado.
El anuncio fue realizado por el mismo Rolón mediante una respuesta que brindó ayer a la nota presentada por diputados del Frente Parlamentario contra la Corrupción, quienes solicitaban que sea retirada la acción de inconstitucionalidad promovida por Sandra Quiñónez ante la Corte Suprema de Justicia para evitar rendir cuentas ante el órgano contralor.
“Se cumple en informar que el retiro de la acción de inconstitucionalidad es la intención de esta representación, acorde con el espíritu del orden constitucional vigente”, expresa Rolón en el escrito.
La referencia que hace el fiscal tiene que ver con que en la Constitución Nacional se establece que la Contraloría es el único órgano de control, sin embargo, las instituciones presentaban sus rendiciones al Tribunal de Cuentas de la Corte, basándose en una ley anterior a la Carta Magna de 1992, es decir, la Ley N° 879/1981, Código de Organización Judicial.
“Una vez informado sobre las eventualidades del caso, a través del análisis de la Dirección de Asesoría Jurídica, se tendrá concreción y se tomará la decisión que corresponda”, manifestó el fiscal general en la nota.
Nueva ley. A causa de esta traba que imponen un centenar de instituciones presentando acciones de inconstitucionalidad, la Cámara de Diputados aprobó una modificación de la ley del Código de Organización Judicial limitando las funciones del Tribunal de Cuentas para que ya no tenga facultad de recibir rendiciones de gastos.
“Esta lamentable situación distorsiona todo el sistema de control de cuentas públicas prescripto por la Constitución Nacional, propiciando que numerosas entidades del sector público, y en particular el Ministerio Público, rehúyan a controles adecuados, y en ese sentido genera incentivos para posibles malversaciones de los recursos públicos”, señala la nota de los diputados Kattya González, Rocío Vallejo, Tito Ibarrola, Sebastián Villarejo, Édgar Acosta, Norma Camacho, Carlos Rejala.
El pedido específico fue remitir todos los antecedentes de ejecuciones de cuentas de años anteriores a la Contraloría.
“El Ministerio Público debe atravesar una verdadera transformación. Los cinco años de gestión de Sandra Quiñónez deben estar bajo la lupa, con especial atención al uso y abuso del presupuesto de una institución tan relevante para nuestra democracia”, sostuvo Kattya González.
La Fiscalía está en el ojo público luego del retiro de Quiñónez y de las denuncias de mala administración y de ineficiencia en casos de corrupción para favorecer al poder político. Los diputados pidieron que los casos emblemáticos sean descongelados.
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“Los cinco años de gestión de Sandra Quiñónez deben estar bajo la lupa, con especial atención al uso del presupuesto”.
Kattya González, diputada del PEN.
“El retiro de la acción de inconstitucionalidad es la intención de esta representación, acorde a la CN”.
Emiliano Rolón, fiscal general del Estado.
