Tras la imputación por el fallido Metrobús, la Fiscalía informó que acusa por varios motivos al ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona; a la ex viceministra de Administración y Finanzas de la cartera de Estado Marta Regina Benítez Morínigo y a Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger (ex gerente del programa).
El Ministerio Público recordó que el 28 de mayo de 2018, el ingeniero Ricardo Hermann Pankow Noguera denunció el caso “por supuestos hechos punibles cometidos durante la ejecución de la obra”. Así, se señalan múltiples incumplimientos de las normas.
En este sentido, a Jiménez Gaona se lo acusa por no ejecutar los objetivos del proyecto, por realizar ajustes irregulares por un total de G. 5.318.335.000, además de no haber multado por el atraso en la presentación del “Diseño ejecutivo o Diseño final de ingeniería”. El ex ministro también es señalado por pagar a tres consultores individuales para los mismos objetivos, y por aprobar la construcción de la “adecuación del desagüe pluvial” con base en un diseño que no acata las normas del MOPC.
Por otro lado, a la ex viceministra de Administración y Finanzas del MOPC Marta Benítez se la acusa por ajustes de G. 103.483.670.390, los cuales no estaban contemplados inicialmente; en tanto que a Guillermo Alcaraz, ex gerente del proyecto, se lo imputa por el incumplimiento de los objetivos del plan.
MÁS. Asimismo, en la denuncia se indica que Jiménez Gaona llamó a licitación de la obra en el 2015 sin formalizar el acuerdo con la Municipalidad de San Lorenzo. Es más, hasta el año 2018, cuando se dio el cese de construcción por parte de la empresa contratista, la administración del ex ministro “no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo, así como tampoco con la autorización de la Municipalidad de Asunción”.
Igualmente, la acusación al ex alto funcionario apunta que habría iniciado las construcciones de la obra sin contar con el diseño final de ingeniería presentado por la empresa contratista Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, y tampoco hubo “un estudio hidrológico”.
“El MOPC carecía de un apoyo a la gestión técnica y administrativa”, se lee en el documento fiscal.
“Consecuentemente, a raíz de lo expuesto se habrían pagado 29 certificaciones por un valor de USD 29.000.000 por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas (contrato y el pliego de bases y condiciones) y que no servirían para la finalidad del Programa, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno (Metrobús), es decir, las obras no serían de utilidad alguna para la ciudadanía”, resalta la denuncia.
Por si fuera poco, la variación de precios que derivó en el aumento de G. 5.318.335.000 en la planificación del proyecto “habría sido acordado en contravención a lo establecido en los documentos de licitación (pliego de bases y condiciones)”.
Las cifras
5 años pasaron para que la causa que envuelve al Metrobús avance con la imputación de tres personas.
29 millones de dólares fue el pago realizado por obras que no cumplen con las especificaciones técnicas.
Juez admite la imputación y decreta la inhibición
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió ayer la imputación contra el ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los dos coprocesados. Además decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes.
El magistrado entendió que el requerimiento de la fiscala María Estefanía González por supuesta lesión de confianza por el caso del Metrobús reunía todos los requisitos.
Además de Jiménez Gaona admitió el caso contra Marta Regina Benítez, ex viceministra de Finanzas y Guillermo Vicente Alcaraz, ex gerente del Metrobús.
Los tres fueron citados para el próximo 20 de abril, desde las 09:00, para la audiencia de imposición de medidas cautelares contra el ex ministro y los otros dos procesados.
Sobre la inhibición, los mismos no podrán disponer de sus bienes.