Esta iniciativa fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) con el Servicio Nacional de Catastro (SNC), del Ministerio de Economía, y la Dirección de Geodesia, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El proyecto luego fue aprobado en particular, por lo que se logró la media sanción, y ahora pasa a Diputados.
Pero, antes, recibió una lluvia de críticas al interior de la Cámara Alta, así como en las calles con manifestaciones ciudadanas en contra.
La mayoría cartista nuevamente actuó como aplanadora y no permitió un pedido de aplazamiento por 15 días. Además, se ratificó en su mayor parte el texto final presentado por las comisiones.
DEBATE. Los sectores de la oposición acompañaron la aprobación en general del proyecto, pero, en el tratamiento en particular de los artículos, observaron varios puntos que contradicen el espíritu de la ley.
Advirtieron que se generaría más caos que seguridad jurídica, y que se podría utilizar incluso para blanquear tierras en situación irregular.
El texto original, presentado por el Poder Ejecutivo, contaba con 203 artículos, pero las modificaciones, introducidas en las comisiones del Senado, en particular la Comisión de Legislación, elevaron a 217. Esto fue cuestionado por los opositores, quienes terminaron defendiendo el texto del Ejecutivo.
Los senadores procedieron al tratamiento de código del proyecto de ley, donde, varios artículos modificados o agregados, fueron cuestionados por la oposición, así como plazos establecidos, y también la distribución de las ganancias de dicho ente.
La senadora Yolanda Paredes logró introducir aspectos que hacen a las tierras indígenas, pero igual fue una de las más críticas.
Uno de sus cuestionamientos fue un párrafo agregado, que decía que la existencia de superposición no podrá generar nota negativa, y tras varias críticas, finalmente, los cartistas retrocedieron.
Sin embargo, casi todo el resto de los artículos cuestionados no fue modificado, quedando así como se planteó en las comisiones dictaminantes del proyecto.
“Supuestamente, el fin es la transparencia y la seguridad jurídica, pero lo que menos se da es la transparencia y la seguridad jurídica”, reclamó Paredes, ante el pleno.
“No se trató nada de los títulos superpuestos, nulos y que no existen. Es más, vamos a convalidar títulos extranjeros que hoy no tienen origen”, agregó, reclamando que la Corte se vuelve juez y parte.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, destacó que el RUN va a tener un gerente nombrado, previo concurso, con un mandato de cinco años, el régimen de publicidad de actuaciones, los plazos se unifican a 30 días hábiles, y que los funcionarios puedan ser sancionados por fraude.
