El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de Europa presentó el resultado de sus investigaciones en ochenta países, entre ellos Paraguay, que aparece clasificado, hundido en el pozo, como el segundo país de peor aprendizaje de los ochenta países investigados. Solamente Camboya está peor que nosotros.
Las máximas autoridades educativas actuales se han encontrado con esta grave situación de la educación nacional y se enfrentan probablemente con el mayor desafío de la historia de la educación nacional de nuestro país.
En un año de gobierno, el Ministerio de Educación y Ciencias ha tenido tiempo de hacer la evaluación sincera del estado actual de la educación, profundizar el análisis de las causas que han provocado este hundimiento y ponderar objetivamente las consecuencias.
Aunque, siendo realistas, hay que pensar que es difícil que el mismo (en su mayoría) ministerio y los mismos educadores que dirigieron la educación que cayó en el pozo, puedan hacer una evaluación objetiva e imparcial de causas y consecuencias y puedan elaborar la propuesta de soluciones eficaces. En estos casos, lo razonable es contratar un equipo de expertos, ajenos al Ministerio, que hagan el diagnóstico, para garantizar la objetividad y la eficacia.
El diagnóstico tiene que destacar, en primer lugar, el análisis y evaluación de la situación legal del sistema educativo vigente, porque a simple vista se descubren irregularidades por incumplimiento de disposiciones constitucionales y legales, que por sí mismas son inadmisibles y además por sus efectos negativos en los procesos educativos. No se puede justificar y resulta escandaloso que el sistema educativo nacional ignore total o parcialmente artículos como el 73, 74, 76, 53, 113, 115 de la CN y 1, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 59 de la Ley General de Educación (LGE) y el 72 de la ley Código de la Niñez y Adolescencia.
Supuesta la obligada inclusión en el orden jurídico y el Estado de derecho, hay que revisar a fondo los currículos y la pedagogía que los inspiró.
Los currículos y sus programas no están actualizados y están integral y exclusivamente orientados a la enseñanza y nada a la educación.
La evaluación es permisiva y prácticamente sólo mide aprendizaje de conocimientos, omite evaluar adquisición de valores y desarrollo humano. Tampoco sabemos cuál es el perfil integral que deben haber logrado al egresar, entre otras razones porque tampoco están definidas la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía y la espiritualidad, que orientan todos los procesos pedagógicos; no conocemos qué tipo de mujer y de varón y qué modelo de sociedad asumirán las y los educandos.
A pesar de su buena voluntad y de su entrega fiel y generosa al trabajo cotidiano de los educadores profesionales (reducidos a nivel de docentes), si no se actualizan con formación permanente, seguirán siendo parte del problema; digo parte, porque en la responsabilidad del problema están comprometidos desde quienes deciden las políticas educativas, hasta los estudiantes, principales protagonistas del sistema (como dice la LGE).
Los padres también tienen su cuota de responsabilidad en este problema, por doble motivo: porque hay que actualizar la educación familiar y por la participación que les incumbe en la educación formal.
El Gobierno actual pasará a la historia si enfrenta este enorme y trascendente desafío con honestidad, profesionalidad, inteligencia y eficacia.
