Este lunes se completó nuevamente la Sala con la incorporación del ministro Gustavo Santander, que proviene del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, aunque enseñó Derecho Constitucional, según explicó a los medios.
La Sala es una de las más morosas de todo el Poder Judicial. Hace poco, incluso, publicamos una acción que había sido promovida por la entonces presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, a favor del Poder Judicial, en el 2007, que fue resuelta en marzo de este año, tras 16 años.
Es decir, hubo mora hasta para un pedido de la propia Corte, que al final fue rechazado porque la ley ya no tenía vigencia. Si es así, qué podemos pretender celeridad nosotros simples mortales en casos que se plantean ante esa Sala.
Hay que aclarar que ahora los miembros de la Sala están como máximo, desde el 2018, por lo que no toda la mora se les puede atribuir, pero hay que mejorar la cantidad de fallos.
Justamente hablando de números, el ministro Víctor Ríos había dado cifras de la Sala Constitucional al pleno de la Corte. Esto, ante los reclamos, en una sesión anterior, de su colega Manuel Ramírez Candia sobre que los jueces no ejecutaban las condenas firmes por acciones que se planteaban ante esa Sala.
Ríos aclaró que nunca se ordenó suspensión de la ejecución de ninguna condena judicial. Además, que no les habían informado que hubo alguna prescripción o extinción de la acción penal, a raíz de un fallo que estaba pendiente en esa Sala.
También presentó estadísticas desde el 2019 hasta el 2023. En esos años, hubo nada menos que 12.593 expedientes. De ellos, dijo que en el 2019, entraron 3.076; en el 2020 fueron 3.022; en el 2021 ingresaron 3.301; en el 2022 tuvieron 3.204 causas y hasta esa fecha del 2023 hubo 539 demandas.
Aunque no dio los fallos dados en todas las acciones, es evidente que no dan abasto o que están en saldo rojo. El ministro reveló que en el 2022 hubo 419 resoluciones de expedientes de causas penales.
De esas resoluciones 17 fueron acuerdos y sentencias; de los que solo 6 se hicieron lugar y 11 se rechazaron. A los que presentaron excepciones de inconstitucionalidad les fue peor, ya que hubo 125 acuerdos y sentencias, todos rechazados en el 2022.
Además, aunque dicen que no existe la Oficina de Admisibilidad, hubo 277 rechazos in límine, lo que indica que no se estudió el fondo de la cuestión.
El ministro explicó que del 2021 al 2022 hubo un aumento del 31% con respecto a los autos interlocutorios y 27% en los acuerdos y sentencia. Otro punto fue sobre los acuerdos y sentencia del pleno hubo 167% de incremento. No nos dimos cuenta.
Ahora el nuevo ministro viene con la idea de auditar los casos, como una manera de erradicar la mora. Ya hemos visto miles de auditorías y la situación sigue. Hay que darle un plazo de gracia a Santander para ver si con esto mejora las cifras.
El tema está en que a la Sala Constitucional acuden de todas partes del país, no solo de la capital, y por cualquier cosa, muchas veces –en los casos penales principalmente– para frenar las causas, ya que es conocida la tardanza en resolver.
A esto también se suma que nuestro sistema constitucional no tiene efecto erga omnes (que se aplica a todos), sino que solo es para el caso específico. Es así que existen miles de fallos contra leyes similares, sin que el Congreso se dé por enterado, pese a la notificación de la Corte.
Las otras Salas tampoco se salvan de ser morosas, pero es la Sala Constitucional la más resaltante. La cuestión es que la mora genera desesperación en los justiciables, lo que facilita la corrupción, que es en definitiva lo que corroe a la Justicia.
