En Paraguay, el trabajo constituye la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias; por lo tanto, los ingresos laborales son fundamentales para el bienestar de la población. El Estado debe implementar políticas para que, a través del trabajo, las personas adultas logren financiar los bienes y servicios que necesitan.
Una parte importante de los trabajadores lo hacen por cuenta propia, para lo cual se requieren políticas de inclusión financiera –educación financiera, seguros, ahorro, créditos–, apoyo a la agricultura familiar, fortalecimiento de las mipymes, acceso a mercados más competitivos, capacitación en estándares de calidad, control del contrabando y de la competencia desleal, entre otras medidas.
Otra parte de la población ocupada se encuentra en relación de dependencia, es decir, se rige por la normativa laboral que establece un salario mínimo. No cabe duda de la relevancia que tiene la existencia del salario mínimo en la institucionalidad económica. El salario mínimo constituye una de las principales medidas con que cuenta el trabajador para asegurar un piso de protección frente a conductas monopólicas de los empleadores.
Las autoridades deben analizar los obstáculos que enfrenta la población económicamente activa para lograr los ingresos necesarios que requiere una vida digna. El salario mínimo, adicionalmente a la necesidad de incrementarlo a medida que aumenta el nivel de inflación, también es necesario indexarlo a los aumentos de productividad e implementar mecanismos que aseguren su cumplimiento. De esta manera el monto mínimo, en lugar de convertirse en un techo, será la base de la cual deben partir las remuneraciones.
El mantenimiento de la capacidad adquisitiva del salario no está desvinculado del buen desempeño de las actividades por cuenta propia. Una parte importante de los bienes y servicios que adquieren las familias a través de su salario proviene de la agricultura familia y de las mipymes.
Un claro ejemplo es el de los alimentos. Cuando a la agricultura familiar le va mal, hay desabastecimiento de frutas y verduras y aumentan sus precios, con la consiguiente presión inflacionaria. De hecho, en los últimos años, la inflación de alimentos ha sido un factor explicativo del aumento del Índice de Precios al Consumidor y, por ende, del salario.
Una política de ingresos tiene grandes complejidades. En el caso del salario mínimo, van mucho más allá de su actualización en función del aumento de los precios. Por un lado, debe mantener el valor real de los salarios, pero además debe estar al nivel de lo que requiere una vida digna y asegurarse el cumplimiento a la totalidad de quienes son titulares del derecho.
Como se puede ver, el reajuste de acuerdo con la inflación constituye solo una parte de las múltiples medidas que deben implementarse como parte de una política salarial. La aplicación integral de las medidas señaladas, junto con el apoyo a los trabajadores no asalariados, impacta sinérgicamente en el bienestar de las familias y en la macroeconomía a través de sus efectos en el consumo. Una visión simplista hace perder oportunidades no solo a los trabajadores, sino fundamentalmente al país.