Tras el catador y otros. La denuncia publicada en ÚH la semana pasada sobre denuncias de acoso a las residentes movió a las autoridades del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) a iniciar la investigación. Sin embargo, gremios médicos guardan silencio.
Dicha pesquisa arrancó el miércoles pasado, contó Mirian Mendoza, jefa de Asesoría Jurídica del HNI.
“Estamos iniciando una investigación preliminar a nivel institucional. Aún no tenemos todos los datos precisos como para indicar quién fue ni cómo fueron desarrollados los hechos del audio”, señaló.
Indicó que se realizaron pedidos de informes. Una de las instancias donde se solicitaron datos fue la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem). “Aún no tenemos retorno, por lo que todavía no tenemos una información precisa. Pero ya se está realizando la investigación”.
Agregó que la indagación sobre los hechos se inició el miércoles pasado. Una vez que se termine se elaborará un dictamen al respecto.
“Luego se remitirá a todas las instancias ministeriales. Siempre se recomienda cuando es así este tipo de hechos. Se informa también para que tomen conocimiento de lo que nosotros hicimos a nivel institucional”, detalló la responsable de Asesoría Jurídica.
Reglas. La profesional del derecho aclaró que aún no se puede hablar de las posibles sanciones disciplinarias, ya que no se cuenta con todos los elementos. “Hay una sanción disciplinaria para todos aquellos funcionarios que incumplen con sus funciones. No puedo tipificar antes de que culmine la investigación”.
Luego de todo el proceso investigativo, se tiene pensado trabajar con un equipo multidisciplinario, adelantó la referente legal. Dicho equipo tendrá como finalidad, según dijo, trabajar para un protocolo para el abordaje de casos como estos en el hospital.
A través de dicho trabajo multidisciplinario, se buscará reducir las situaciones de acoso y coacción que se vienen registrando desde hace décadas en los nosocomios.
Mendoza, al igual que lo dicho anteriormente por el director del HNI, Miguel Ferreira Bogado, señaló que no existe aún una denuncia formal de estos casos.
Desde la Dirección de Asesoría Jurídica del MSP explicaron que cuando se trata de hechos punibles queda supeditado al proceso penal.
En el caso de condena podrían ser destituidos. También puede darse apertura a un proceso administrativo, pero el funcionario queda suspendido a las resultas del proceso penal. No obstante, la institución puede adoptar las medidas administrativas de protección de la persona afectada.
El audio viralizado, donde se refería a “catar mujeres” por las residentes médicas, generó indignación.
Pedimos informes varios, también a la Conarem. Hasta el momento todavía hay retornos. Estamos en una etapa preliminar. Mirian Mendoza, asesoría jurídica.
