El ministro de Salud conversó este jueves con radio Monumental 1080 AM y, entre otras cosas, aclaró que en los puntos de vacunación contra el Covid-19 no se utilizaron los saturómetros como parte del protocolo.
La aclaración de Julio Borba contradice el argumento del jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, quien intentó justificar la dudosa compra de saturómetros de uso médico a un precio elevado, alegando que fueron utilizados en los vacunatorios y puestos de contingencia.
“Saturómetro es una cosa totalmente diferente al termómetro. (Wilfrido) Se habrá referido a los termómetros. Nosotros no usamos (saturómetros) en los vacunatorios”, expresó Borba.
El saturómetro es un pequeño dispositivo digital que ayuda a medir la cantidad de oxígeno que posee la sangre. Mientras que los termómetros se emplean para saber la temperatura del cuerpo.
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Un total de 15 saturómetros, por G. 885.000 cada uno, fueron comprados en marzo del 2020 por la Municipalidad de Asunción, época en que los vacunatorios estaban lejos de ser una realidad. Esos productos en el mercado se consiguen desde G.150.000.
El actual jefe de Gabinete de la Comuna capitalina convocó el miércoles a una conferencia de prensa para aclarar sobre los cuestionados precios y contratos en el 2020, en el marco de la pandemia, durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez.
Sin embargo, el alto funcionario municipal se negó a responder varias preguntas de los medios.
Wilfrido Cáceres se retiró de la sala ante las insistencias por negarse reiterativamente a responder sobre información pública, con el argumento de que se quiere “politizar las respuestas”.
Acceso a los datos
La difusión de la rendición fue más de 24 horas después de la sentencia y luego del plazo vencido de 10 días hábiles que ordenó la jueza Marcela Fernández.
Fernández dio lugar al pedido de amparo constitucional sobre acceso a la información pública, promovido por la candidata a intendenta por la alianza Asunción para Todos, Johanna Ortega.
La información publicada por la Municipalidad, en la que abarcan facturas y cheques, solo contempla la emergencia por pandemia del Covid-19.
Sin embargo, no figura el rubro en general de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD), cuya ejecución es de más de G. 16.000 millones.
