Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) aseguran que el primer grupo grande de llamados a licitación se encuentran avanzados, en distintas etapas y procesos de compra, por un total aproximado de G. 754.364 millones; que dan USD 116 millones a un tipo de cambio de G. 6.500.
Esto supone que, a cuatro meses de la irrupción del nuevo coronavirus al país, la cartera sanitaria de Estado está en camino de ejecutar el 22,5% de lo destinado para la contingencia y mitigación de la pandemia. De los USD 1.600 millones del préstamo mediante la Ley de Emergencia, se creó un “Fondo Covid” para Salud de USD 514 millones.
“Tenemos 40 procesos en distintos estadios que estamos gestionando. En tienda virtual tenemos cinco. Están en distintos estados de licitación: Apertura, evaluación. Es un primer grupo de llamados que estamos haciendo porque se está preparando otro”, comunicó el economista Emiliano R. Fernández, director de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC) del MSP.
El Ministerio había presupuestado, al principio, al mes del ingreso de la pandemia, un total de USD 150 millones. Esa primera fase del proceso administrativo para compra de equipos biomédicos, insumos de medicamentos y equipos de protección individual sufrió un impasse, luego de que se detectara una serie de irregularidades en los procesos licitatorios y ciertos contratos firmados.
Salud se vio obligada a cancelar un total de 32 procesos de compras, a instancias de la Comisión Especial de Supervisión y Control de las compras Covid (CESC).
En algunos casos, se procedió a la rescisión de los contratos y, en otros, se determinó la anulación de los llamados.
Tanto la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como la CESC dieron cuenta de anomalías o vicios administrativos en dichos procesos. Incluso, la comisión dejó entrever en su informe que había indicios de estafa –en grado de tentativa– en lo relacionado a la adquisición urgente de insumos médicos, traídos de China, por las empresas del clan Ferreira, Imedic SA y Eurotec SA. Este caso ya está en terreno de la Fiscalía.
BARRIDA ADMINISTRATIVA
Sobre cómo se va a garantizar el buen destino de los fondos Covid, el Dr. Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud, indicó que se reformó toda la dirección administrativa. “Por lo menos una decena (de funcionarios) y se sigue renovando”, refirió al señalar que junto a la Auditoría del Poder Ejecutivo analizan el regreso de funcionarios comisionados a otras dependencias.
El director de la DOC aportó que realizaron la reorganización de funcionarios de otras áreas que tienen expertiz en contrataciones.
Para Portillo, la transmisión en vivo dota de más transparencia. “La gente que está interesada podrá ver cuántas fueron las ofertas, cómo fueron presentadas y el contenido, de cada una de ellas. Porque ahí se podrá conocer el monto ofertado por cada participante”, indicó.
Fernández coincide en que el principal contralor es la ciudadanía. “La unidad operativa de contrataciones es uno de los lugares más importantes y estratégicos que tiene el país y por tanto el compromiso de cada funcionario es trabajar con eficiencia y eficacia y transparencia”, aseveró.
