El nuevo intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, anunció la desvinculación de casi 500 funcionarios de la Municipalidad que administrará de ahora en más y en los próximos 5 años. Según explicó, es porque ninguno tenía una función específica dentro de la institución que en la práctica se encuentra en bancarrota.
El joven político halló unos 1.650 funcionarios. Anuncia un proceso de “transparencia y optimización de recursos” y un plan de austeridad.
Esta noticia, en un país de significativos niveles de corrupción, debería aplaudirse de pie, pero si analizamos la situación, en realidad, no es tan fácil.
Comencemos por la reacción ante la noticia. Prácticamente la totalidad de las opiniones en las redes sociales hacia esta medida denota un total descreimiento. La gente cree que es solo para “hacer espacio” y en pocos meses llenarlo con el doble de los despedidos. Que hay promesas electorales que cumplir y una masa de desempleados deseosos por ingresar a la municipalidad, confiados en la promesa de los operadores políticos durante al campaña electoral.
Un esquema que, por cierto, se normalizó y se replica en todas las municipalidades. Cumplido el efecto mediático que se buscaba con los ceses, algunos son recontratados poco tiempo después.
Por las opiniones de los internautas, ni siquiera se otorga el beneficio de la duda, alentando alguna posibilidad de que quizá con un nuevo intendente vaya a romperse con ese esquema clientelar perenne tan dañino a la larga. Beneficioso por unos años para los partidarios de las autoridades municipales de turno, pero, al final, resulta ser un sistema precarizante que no construye institucionalidad ni otorga estabilidad laboral. No se ingresa por concurso y los cargos no se crean para satisfacer una demanda de la institución con fines de brindar mejores servicios a los ciudadanos.
En otras palabras, obtener empleo vía clientelismo político es tan vulnerable que se puede quedar fuera con la misma facilidad con que se ingresó. Así que es totalmente comprensible que hasta las mejores intenciones, si es que son tales, se vean con sospecha y despierten nula credibilidad.
Por otra parte, qué bien haría que todas las municipalidades, en estos momentos con renovada administración la mayoría, realicen una genuina depuración del cuadro de personal e inicie un proceso que busque altísimos resultados, mediante la optimización de sus recursos financieros, humanos y otros. Que tengan solo el número necesario de funcionarios para prestar los servicios con eficiencia y eficacia y que cuenten con un plan de carrera para estos.
Los salarios que se llevan gran parte del presupuesto, la mala gestión y la corrupción tienen a un gran número de municipalidades navegando entre saldo rojo, préstamos para apagar el incendio y cero iniciativa para innovar, servir con afán a los contribuyentes y mantener limpia y segura a sus respectivas ciudades.
En un escenario así, muy pocos gobiernos locales están en condiciones de planificar obras de infraestructura, hermoseamiento, mejoramiento de los barrios, seguridad en los espacios públicos y atención sostenida a los numerosos problemas sociales que emergen en sus jurisdicciones.
La gran prueba que se aguarda con expectativa es la Nenecho Rodríguez, intendente de la Municipalidad de Asunción, donde al igual que San Lorenzo, el número de funcionarios es proporcionalmente inverso a la calidad de sus servicios. Se habla de que la municipalidad capitalina tiene alrededor de 9.000 funcionarios.
En todos los gobiernos locales, sobran operarios, hay superpoblación de funcionarios. Mientras tanto, los municipios exponen cada vez más crudamente los síntomas de la desatención, el abandono, la inseguridad, decadencia, caos, etc.
La tarea ciudadana que tenemos ahora es mirar con atención a intendentes como el de San Lorenzo. Pronto sabremos si solo está aplicando actos de pirotecnia política.
