Jueces, fiscales y legisladores advirtieron que es una norma innecesaria, ya que existen herramientas para combatir la superpoblación de las penitenciarías, además del riesgo de causar un desorden jurídico y hasta dejar en libertad a delincuentes peligrosos y aquellos condenados y procesados por daños patrimoniales.
Las bancadas coloradas (Añetete y HC) y gran parte de liberales ya tenían la decisión de aprobar la propuesta. Incluso tras el dictamen de Asuntos Constitucionales por la postergación, el diputado de Honor Colorado Basilio Núñez manifestó su oposición y pidió que sea tratado en el día, secundado por el diputado de Colorado Añetete Colym Soroka.
La diputada del Encuentro Nacional Kattya González advirtió sobre la posibilidad de un caos jurídico y recordó la preocupación por parte de organismos jurisdiccionales. Es el caso de la jueza de Ejecución Penal Silvana Luraghi, quien cuestionó que el proyecto esté dirigido a muy pocos presos, como el caso de robo patrimonial.
González destacó que la ley prevé que no salgan en libertad personas que cometieron hechos violentos; sin embargo, no se tienen en cuenta los casos de corrupción ni la protección del bien público.
El diputado cartista Derlis Maidana en tanto argumentó que la ley es “un mal menor” ante la necesidad de hallar una salida para los 12.000 presos sin condena. Indicó que la causa de esta alta población penitenciaria es la morosidad judicial. “Los que roban al Estado tienen libertad ambulatoria, pero los que roban una gallina están presos”, expresó.
La más férrea opositora al proyecto fue la diputada de Patria Querida Rocío Vallejo, quien cuestionó que no se escuche a las autoridades de justicia y que la mayoría imponga un proyecto perjudicial. Respondió que para solucionar el problema de los 12.000 presos sin condena se debe aplicar el artículo 245 del Código Penal, que deja en manos de jueces la decisión de prisión preventiva.
Advirtió que muchos presos podrían no retornar al final de la emergencia y su condena podría cumplirse en libertad. Pidió declarar en emergencia la Justicia para dar curso a las audiencias pendientes.
Seamos responsables de lo que estamos haciendo, se da carta blanca para que todo el mundo salga libre. Rocío Vallejo, diputada del PPQ.