La Cámara de Diputados trató en la sesión ordinaria de este miércoles el proyecto de ley que prohíbe el bloqueo y la exclusión de las personas adultas mayores, beneficiarias de la pensión alimentaria.
La propuesta ya había tenido media sanción del Senado y se aprobó esta jornada por unanimidad, con lo que el proyecto fue sancionado por el Congreso Nacional.
El documento ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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Cuatro comisiones dictaminaron al respecto, una recomendó la aprobación con modificaciones y otras dos pidieron la aprobación del proyecto tal y como vino de la Cámara de Senadores para atender con urgencia el caso.
El senador liberal Amado Florentín había presentado la iniciativa tras detectar innumerables denuncias de compatriotas que fueron excluidos injustamente por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Hacienda, luego de realizar supuestos censos al margen de lo que dispone la norma vigente.
Se trata de personas que fueron beneficiadas con la pensión alimentaria otorgada por parte del Estado paraguayo, según la Ley 3728/2009 y sus modificatorias.
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El Senado incluso convocó a una reunión al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en el que presentaron sus reclamos.
El documento sancionado pretende limitar expresamente quiénes no podrían ser beneficiarias de la pensión alimentaria.
Establece que solo podrán ser bloqueados o excluidos aquellos que reciban una remuneración del sector privado o público, tales como sueldo, jubilación, pensión o seguro social, sean contribuyentes del IRP o IVA que declaren ingresos superiores a dos salarios mínimos.
Se eliminó la prohibición de ser beneficiaria de la mencionada pensión a aquellas personas que posean 30 cabezas de ganado.
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La Comisión Familia y Tercera Edad, presidido por el diputado Freddy D’Ecclesiis, recomendó la aprobación con modificaciones del proyecto señalando que no había motivos para convertirlo en una ley que establezca penalizaciones.
Por su parte, el diputado por San Pedro Pastor Emilio Soria instó al ministro de Hacienda a que pronto se pueda reivindicar con los beneficiarios que injustamente dejaron de recibir la pensión.