A través del Decreto 1394, el presidente Santiago Peña dio por terminadas las funciones de Francisco Pereira Cohene como director de Análisis Financiero “B” de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Pereira es uno de los ocho funcionarios imputados por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti por la supuesta filtración de informes financieros del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, donde también se encuentra procesado el ex mandatario Mario Abdo Benítez.
Según el acta de imputación, Cohene, junto con Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda, “habría redactado el informe de inteligencia 10/2022 referenciado como MARA041922MP introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personajes ajenas a la institución”.
Puede interesarle: ¿Qué dice la imputación? La supuesta rosca “delictiva” de Mario Abdo para desacreditar enemigos
Asimsimo, se los acusa de haber proporcionado el informe contra Cartes “a los medios de comunicación, lo que habría causado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación”.
La Fiscalía sostiene que el documento filtrado, que fue presentado por Arregui en una denuncia ante el Ministerio contra Horacio Cartes, ocasionó “un gran desprestigio al ex presidente de la República y a las empresas vinculadas al mismo”.
El pasado 14 de marzo, la jueza Cynthia Lovera admitió la imputación contra los ex funcionarios públicos, a pesar de las dudas que sugieren al revelarse supuestos chats entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero.
También puede leer: ¿Imputaciones a medida? Revelan chat entre fiscal y abogado de Cartes
Si bien ambos fiscales fueron separados del caso por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, no se abrió una investigación penal porque es “muy rápido” ordenar la incautación del celular de Cantero, pese al pedido de los abogados de los demandados.
En tanto, Asuntos Internos de Inspectoría General del Ministerio Público se encarga de investigar los mensajes entre Cantero y el abogado denunciante.
Los ex funcionarios públicos deberán presentarse ante el juzgado el próximo 26 de marzo al 5 de abril para la audiencia de la imposición de medidas.